La industria farmacéutica y sus analistas refutan la política de "nación más favorecida" (NMF) del presidente Donald Trump, que busca igualar los precios de los medicamentos en EE. UU. a los más bajos de otros países desarrollados. Argumentan que esta medida no solo podría fracasar en su objetivo de reducir costes en EE. UU., sino que también podría disparar los precios en otros países y socavar la inversión en investigación y desarrollo (I+D). Según portavoces como Brianna Allen y Stephen J. Ubl de PhRMA, las verdaderas causas de los altos precios en EE. UU. son factores internos: principalmente las organizaciones Pharmacy Benefit Manager (PBM), que controlan gran parte del mercado y obtienen cuantiosos beneficios, y el abuso del Programa de Margen Hospitalario 340B por parte de hospitales. Además, señalan que gobiernos extranjeros no pagan lo que les corresponde por los medicamentos innovadores, haciendo que los pacientes estadounidenses asuman una parte desproporcionada de la factura de la I+D global.

Expertos como Sally Pipes coinciden en que vincular los precios de EE. UU. a los de otros países generaría ahorros mínimos y devastaría la financiación de la investigación biomédica, lo que llevaría al desarrollo de menos medicamentos innovadores y retrasos en su lanzamiento en países con controles de precios. Esta situación es particularmente relevante para España, cuyos precios de medicamentos innovadores son inferiores a los de otros países comparables. Por ello, España podría ser uno de los mercados donde las farmacéuticas traten de elevar los precios para compensar la política de Trump o, incluso, enfrentar la imposición de aranceles a sus productos, incluidos los farmacéuticos, como respuesta a otras disputas comerciales.