La nueva Directiva europea sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (UWWTD), adoptada en 2024, introduce un esquema de Responsabilidad Ampliada del Productor (EPR) que marca un cambio estructural: los sectores farmacéutico y cosmético deben financiar en solitario las mejoras del tratamiento cuaternario para eliminar microcontaminantes del agua. Este objetivo busca reducir el impacto ambiental de los residuos farmacéuticos y redefine la relación entre medioambiente y salud pública. No obstante, la aplicación de este esquema EPR ha desatado un intenso debate y preocupación en el sector sanitario, entre gobiernos y pacientes, sobre cómo la sostenibilidad ambiental podría poner en riesgo el acceso a medicamentos esenciales y la competitividad europea. Las principales asociaciones del sector (AESGP, EFPIA y Medicines for Europe) han cuestionado el proceso de evaluación, alegando que no fueron consultadas y que el estudio original sobreestimó la contribución farmacéutica a la contaminación (66%) y subestimó los costos de implementación hasta en un 600%.

El aumento abrupto de los costes que implica esta normativa —los cuales, según el escenario de revisión nacional, podrían oscilar entre 4.000 y 7.000 millones de euros—, advierte la industria, podría traducirse en la retirada de fármacos de bajo margen (especialmente genéricos), lo que generaría un aumento de precios que presionaría los presupuestos públicos de salud y provocaría un riesgo de escasez puntual de tratamientos esenciales. Los expertos señalan que la aplicación del EPR sin ajustes podría comprometer la equidad sanitaria en Europa. Por ello, la Comisión Europea enfrenta el reto de armonizar la sostenibilidad con la viabilidad económica y la salud pública, mientras se exploran alternativas internacionales como la cofinanciación entre el Estado y la industria (Suiza) o la aplicación de evaluaciones sectoriales independientes basadas en el nivel de emisión de microcontaminantes (Alemania).