Este hecho ha prendido la mecha entre profesionales del sector farmacéutico. A través de sus perfiles digitales, no solo han informado a la Policía, al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española del Medicamento de la existencia de este delito contra la salud pública, sino que han advertido de las duras consecuencias legales que supone la venta de medicamentos por parte de aquellas personas que no están autorizados para ello.

Así pues, en el artículo 3 de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento se especifica que quienes están autorizadas para la custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano son las oficinas de farmacia, los servicios de farmacia de los hospitales, los centros de salud y las estructuras de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud. La comercialización de una simple Aspirina a través de algún canal que no esté contemplado en este artículo está tipificado como una infracción grave cuya sanción oscila entre los 30.001 y los 90.000 euros.