Por lo que se refiere a la contratación pública, el Documento concluye que España carece de una política nacional de contratación pública que garantice la eficiencia, el cumplimiento legal y un alto nivel de competencia en todo el país, y que, pese a las medidas adoptadas recientemente para mejorar las prácticas de contratación pública, persisten debilidades -entre otras, la baja coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, el uso relativamente bajo de las compras centralizadas, la elevada utilización del procedimiento negociado sin publicidad, los insuficientes mecanismos de controles previos y posteriores sobre los poderes adjudicadores, y las brechas en la transparencia.

Asimismo, el Documento advierte que, a pesar de que las medidas contenidas en los dos Proyectos de ley de transposición de las directivas sobre contratación pública son un paso en la dirección correcta, persisten deficiencias, entre ellas, la no previsión de la promoción de las compras conjuntas por parte de los poderes adjudicadores, y que no se aborda el problema del uso frecuente del procedimiento negociado sin publicidad para las adquisiciones sujetas a las directivas comunitarias.