El Ministerio de Sanidad español ha iniciado una de las agendas legislativas más ambiciosas de los últimos años para reformar la salud pública, abarcando cuatro áreas clave, aunque su futuro es incierto. Estas propuestas incluyen una reforma de la ley del tabaco para ampliar los espacios sin humo a terrazas y equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional, una ley del alcohol en menores que busca unificar la prohibición nacional, vetar su presencia en eventos infantiles y limitar su publicidad cerca de colegios. También se plantea una ley del medicamento que permitiría a enfermeras, fisioterapeutas y farmacéuticos ampliar su capacidad de prescripción, y un Estatuto Marco del personal sanitario para acortar las guardias, reducir la temporalidad y profesionalizar la gestión.

Sin embargo, cada una de estas reformas enfrenta significativos desafíos y oposición. La propuesta sobre el tabaco podría ser apelada invocando la "libertad" del fumador. La nueva financiación de genéricos en la ley del medicamento ha provocado un "rechazo frontal" de farmacéuticos e industria, que advierten de un posible desabastecimiento. Por su parte, los sindicatos médicos critican el Estatuto Marco por no reconocer sus jornadas como extraordinarias y por la exclusividad de los jefes de servicio. La aprobación de estas reformas depende de una "aritmética frágil" en la legislatura, donde los socios de investidura pueden cambiar de posición por motivos tácticos o ajenos al ámbito sanitario, lo que siembra dudas sobre su implementación final.