El dumping farmacéutico es una práctica poco regulada donde grandes compañías de Estados Unidos envían anualmente lotes de medicamentos retirados o nunca aprobados en su país de origen a naciones de renta baja y media. Esta situación se ampara en vacíos legales de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de EE. UU., que permite exportar productos no aprobados si el importador declara conformidad y el Departamento de Estado lo autoriza, aunque esta notificación rara vez llega completa. Las empresas recurren a métodos sutiles, como cambiar el nombre de un medicamento problemático, retirar su registro en EE. UU. y etiquetarlo como "solo para exportación", o fabricar compuestos alterados en filiales latinoamericanas para eludir los controles de calidad. Esta práctica, aunque considerada legal, es éticamente cuestionable y ha provocado intoxicaciones, reacciones alérgicas graves y fracasos terapéuticos.

Los perjuicios sanitarios y económicos son severos: se constatan intoxicaciones y reacciones adversas, y la falta de farmacovigilancia en muchos países impide medir la magnitud del daño. La inconsistencia en el etiquetado agrava la situación, con advertencias vagas en algunos países y medicamentos restringidos en EE. UU. recetados libremente en otros para usos menores. Económicamente, los sistemas públicos destinan fondos a tratar complicaciones de fármacos defectuosos, desviando recursos de programas esenciales, y la percepción de inseguridad fomenta la automedicación peligrosa. A pesar de iniciativas legislativas en EE. UU. (como H.R. 6587) y recomendaciones de la OMS/OPS para uniformar legislaciones y crear registros globales, la filosofía de algunas multinacionales persiste, alegando que un acceso parcial es mejor que la ausencia, lo cual choca con el principio de un debate informado y un consentimiento consciente sobre fármacos peligrosos. La solución exige la cooperación de gobiernos, ONG y la industria, con un marco normativo riguroso, supervisión efectiva y sanciones creíbles.