Resumen de la Resolución 233/2025 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias

Resumen de la Resolución

La resolución 233/2025 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias aborda el recurso interpuesto por AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L. contra los pliegos de un contrato de servicios para la prestación domiciliaria de terapias respiratorias y otras técnicas de ventilación asistida a pacientes del Servicio Canario de la Salud. La finalidad del documento es resolver las impugnaciones presentadas por la recurrente respecto a la legalidad de los pliegos de licitación, específicamente en relación con la determinación del presupuesto base de licitación, la inclusión de requisitos de solvencia técnica, y la configuración de los criterios de adjudicación. La normativa principal aplicada es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), con referencias específicas a los artículos 100, 101, 102, 145, y 57.2, entre otros. El tribunal estima parcialmente el recurso, declarando la nulidad de los pliegos impugnados y ordenando la retroacción del procedimiento para corregir las deficiencias identificadas.

Detalles Generales de la Resolución

• Número de Resolución: 233/2025
• Fecha: 20 de agosto de 2025
• Tribunal: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
• Expediente: 18/T/24/SS/CO/A/0001
• Organismo: Servicio Canario de la Salud (SCS), Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
• Objeto del Contrato: Prestación domiciliaria de terapias respiratorias y otras técnicas de ventilación asistida a pacientes del SCS
• Partes Intervinientes:
  • Recurrente: AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L., representada por M.P.N.J.
  • Órgano de contratación: Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
  • Otros participantes: No especificados
• Importe de Licitación: Valor estimado de 93.043.945,16 ?
• Comunidad Autónoma: Canarias

Antecedentes de la Resolución

La licitación fue convocada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para un contrato de servicios de terapias respiratorias domiciliarias, con un valor estimado de 93.043.945,16 ?. El anuncio de licitación se publicó el 27 de mayo de 2025 en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea. El plazo para la presentación de ofertas finalizaba el 25 de junio de 2025. AIR LIQUIDE interpuso un recurso especial en materia de contratación el 16 de junio de 2025, solicitando la anulación de los pliegos por diversas irregularidades. El tribunal adoptó una medida cautelar de suspensión del procedimiento el 26 de junio de 2025. La Consejería de Sanidad modificó los pliegos mediante la Orden 423/2025, de 23 de junio, corrigiendo errores materiales y ajustando ciertos criterios de adjudicación.

Argumentos de las Partes

Recurrente: AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.

1. Presupuesto Base de Licitación: Alegó que no se realizó un desglose adecuado de los costes directos e indirectos, vulnerando los artículos 100.2, 101, y 102 de la LCSP. También señaló la falta de desagregación de los costes salariales por género y categoría profesional.
2. Solvencia Técnica: Impugnó la exigencia de certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) como requisito de solvencia técnica, argumentando que era contrario a derecho y que no se especificaba el nivel de seguridad requerido.
3. Criterios de Adjudicación: Cuestionó la objetividad de los criterios de adjudicación, especialmente aquellos relacionados con la fisioterapia a domicilio y la renovación de equipos por avances tecnológicos, alegando que no permitían una evaluación objetiva de las ofertas.

Órgano de Contratación: Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias

1. Presupuesto Base de Licitación: Defendió que el presupuesto se calculó adecuadamente, basándose en tarifas máximas reguladas por la Orden 444/2024 y en datos de la contabilidad analítica de centros hospitalarios.
2. Solvencia Técnica: Justificó la exigencia del ENS como alineada con la normativa vigente y basada en recomendaciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias.
3. Criterios de Adjudicación: Argumentó que los criterios de adjudicación estaban formulados de manera objetiva y que se habían definido condiciones precisas para su evaluación.

Empresa Adjudicataria y Otros Interesados

No se especifican alegaciones de la empresa adjudicataria u otros interesados en la resolución.

Decisión del Tribunal

El tribunal estima parcialmente el recurso, declarando la nulidad de los pliegos impugnados. Considera que la exigencia del ENS como solvencia técnica es contraria a derecho, ya que no se ajusta a los medios tasados por la LCSP. Además, determina que los criterios de adjudicación impugnados no cumplen con los requisitos de objetividad y transparencia exigidos por la normativa. El tribunal ordena la retroacción del procedimiento para corregir las deficiencias identificadas, permitiendo la conservación de actos cuyo contenido no se vería afectado por las infracciones.

Conclusión

El tribunal concluye que los pliegos de licitación contienen irregularidades significativas que afectan la legalidad del procedimiento. La resolución implica la anulación de los pliegos y la necesidad de corregir los errores identificados antes de continuar con la licitación. Las partes deberán ajustar los pliegos conforme a la normativa aplicable, garantizando la transparencia y objetividad en la evaluación de las ofertas.

Impacto y Relevancia

Esta resolución refuerza la importancia de la transparencia y la objetividad en los procedimientos de contratación pública. Sienta un precedente sobre la inaplicabilidad del ENS como requisito de solvencia técnica en los términos planteados y subraya la necesidad de criterios de adjudicación claros y objetivos. La decisión puede influir en futuros procedimientos de contratación, promoviendo una mayor claridad en la definición de requisitos y criterios de evaluación.

Doctrina aplicada por el tribunal

Solvencia Técnica y Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

La resolución aborda la exigencia de la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) como requisito de solvencia técnica, señalando que esta exigencia no se ajusta a los medios tasados por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para acreditar la solvencia técnica. Según los artículos 65, 74, 86.1 y 90.1 de la LCSP, la solvencia técnica debe acreditarse mediante medios específicos y tasados, y la inclusión del ENS como requisito no se encuentra entre ellos. Además, el Real Decreto 311/2022, que regula el ENS, y la Resolución de 13 de octubre de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, establecen que la certificación del ENS es obligatoria solo en ciertos supuestos, lo que no se cumple en este caso.

Criterios de Adjudicación

La resolución impugna los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos por no cumplir con los requisitos de objetividad y transparencia, tal como lo exige el artículo 145.5 de la LCSP y la Directiva 2014/24/UE. Se señala que los criterios no permiten una evaluación justa y equitativa de las ofertas, vulnerando los principios de igualdad y no discriminación. La falta de especificaciones claras y detalladas en los criterios de adjudicación impide que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, lo que contraviene el Considerando 92 y el Artículo 67 de la Directiva.

Presupuesto Base de Licitación y Valor Estimado

La resolución critica la falta de desglose de los costes directos e indirectos y la omisión de costes adicionales en el presupuesto base de licitación, lo que impide a los licitadores conocer los costes reales que deberán asumir. Según los artículos 100, 101 y 102 de la LCSP, el presupuesto base de licitación debe ser adecuado a los precios del mercado y desglosarse indicando los costes directos e indirectos. La Disposición adicional trigésima tercera de la LCSP también establece que en contratos de servicios con necesidades variables, debe aprobarse un presupuesto máximo, lo que no se ha cumplido adecuadamente en este caso.

Desglose de Costes Salariales

Se señala la falta de desagregación de los costes salariales por género y categoría profesional, como lo exige el artículo 100.2 de la LCSP. Sin embargo, se concluye que esta exigencia no es aplicable en este caso específico, ya que el contrato no comprende el coste de los salarios de las personas empleadas como parte del precio total del contrato.

Modificación de Pliegos

La resolución ordena la anulación de los pliegos impugnados y la retroacción del procedimiento para corregir las deficiencias identificadas, asegurando la conservación de actos que no se verían afectados por las infracciones detectadas. Esto se realiza conforme al artículo 57.2 de la LCSP y el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Conclusión Doctrinal

• La exigencia del ENS como solvencia técnica es improcedente según la LCSP y su normativa reguladora.
• Los criterios de adjudicación deben ser objetivos y transparentes, permitiendo una evaluación justa y equitativa.
• El presupuesto base de licitación debe desglosarse adecuadamente para reflejar los costes reales.
• La desagregación de costes salariales no es aplicable en este caso específico.
• La anulación de los pliegos y la retroacción del procedimiento aseguran la corrección de las deficiencias identificadas.

Doctrina - Jurisprudencia - Legislación

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias

• Resolución 233/2025, de 20 de agosto

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias

• Recurso Contencioso-Administrativo n 298/2024 (en tramitación)

Legislación

• Ley de Contratos del Sector Público (LCSP): Artículos 65, 74, 86.1, 90.1, 100, 101, 102, 145.5, 57.2, 48, 122.1, 68.3, Disposición adicional trigésima tercera.
• Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
• Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
• Directiva 2014/24/UE: Considerando 92, Artículo 67.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Artículo 51.