Resumen de la Resolución 460/2025 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

La resolución 460/2025 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic aborda el recurso especial en materia de contratación interpuesto por ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS, SLU, contra la adjudicación del contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto ejecutivo y la dirección de obra de las obras de descarbonización y mejora de la eficiencia energética del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. El recurso se centra en la disconformidad con la valoración de su oferta en ciertos criterios de adjudicación. La normativa principal aplicada incluye la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP), y el Decreto 221/2013, de 3 de septiembre. El tribunal decide estimar el recurso, anulando la adjudicación y ordenando la retroacción del procedimiento debido a la falta de motivación adecuada en la valoración de las ofertas.

Detalles Generales de la Resolución

• Número de Resolución: 460/2025 (recurso N-2025-0435)
• Fecha: 28 de noviembre de 2025
• Tribunal: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, compuesto por M. Àngels Alonso Rodríguez y Carme Lucena Cayuela
• Expediente: PE+DO. HBB-24333
• Organismo: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
• Objeto del Contrato: Servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto ejecutivo y la dirección de obra de las obras de descarbonización y mejora de la eficiencia energética del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona
• Partes Intervinientes:
  • Recurrente: ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS, SLU, representada por N.A.G.
  • Adjudicatario: UTE PROISOTEC ENGINYERIA SLP & QS ENGINYERIA I ASSOCIATS, SLP
  • Órgano de contratación: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU
  • Otros participantes: UTE E3G INGENIERIA Y ENERGIA, SL & ORDEIC PROJECTES I CONSULTORIA, SL; G.O.C., SA; UTE FONT I ARMENGOL SL & QUADRIFOLI PROJECTES, SL; BARNY ENGINYERIA, SLP
• Importe de Licitación: Valor estimado de 338.368,40 euros
• Comunidad Autónoma: Cataluña

Antecedentes de la Resolución

El 6 de febrero de 2025, se publicó la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil del contratante de INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU. Seis licitadores participaron en el proceso. El 20 de junio de 2025, se adjudicó el contrato a PROISOTEC & QS. ARMENGOL & ROS fue notificada el 26 de junio de 2025 y presentó un recurso el 9 de julio de 2025, alegando una valoración incorrecta de su oferta en tres criterios de adjudicación. El órgano de contratación remitió el expediente al tribunal el 16 de julio de 2025, oponiéndose al recurso. UTE FONT I ARMENGOL SL & QUADRIFOLI PROJECTES, SL también presentó alegaciones, solicitando que cualquier revisión de criterios se aplicara a todas las ofertas.

Argumentos de las Partes

Recurrente: ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS, SLU

ARMENGOL & ROS argumenta que su oferta fue injustamente valorada en dos criterios evaluables mediante juicio de valor y uno de evaluación automática. Solicita una revisión al alza de su puntuación en "Metodología de la gestión aplicada", "Justificación organizativa de los trabajos" y "Experiencia del equipo redactor", alegando que su oferta estaba bien detallada y cumplía con los requisitos para obtener la máxima puntuación.

Órgano de Contratación: INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

El órgano de contratación defiende que la valoración técnica se realizó conforme al PCAP y está debidamente motivada. Argumenta que la oferta de ARMENGOL & ROS, aunque correcta, presenta deficiencias que impiden otorgarle la máxima puntuación. Sostiene que no hay error material, arbitrariedad ni incoherencia, y que la valoración se realizó bajo el principio de discrecionalidad técnica.

Otros Interesados: UTE FONT I ARMENGOL SL & QUADRIFOLI PROJECTES, SL

Esta UTE alega que las supuestas deficiencias de valoración también se produjeron en su oferta y que los informes técnicos no explican adecuadamente las puntuaciones. Solicita que cualquier revisión de criterios se aplique a todas las ofertas para garantizar la igualdad de trato.

Decisión del Tribunal

El tribunal estima el recurso de ARMENGOL & ROS, anulando la adjudicación y ordenando la retroacción del procedimiento debido a la falta de motivación adecuada en la valoración de las ofertas. El tribunal destaca que los informes técnicos no justifican las puntuaciones otorgadas, lo que impide conocer las razones de las mismas. La resolución se basa en la doctrina de que la función del tribunal es revisora, no fiscalizadora, y que debe garantizarse la motivación adecuada de las decisiones administrativas. Se levanta la suspensión automática de la adjudicación y se indica al órgano de contratación que debe informar al tribunal sobre las actuaciones adoptadas para cumplir la resolución.

Conclusión

El tribunal concluye que la falta de motivación en la valoración de las ofertas compromete los principios de igualdad de trato y transparencia. La resolución implica la anulación de la adjudicación y la retroacción del procedimiento, lo que obliga al órgano de contratación a realizar una nueva evaluación de las ofertas con una motivación adecuada. Las partes afectadas deberán esperar a que se realice esta nueva evaluación para conocer el resultado final del procedimiento de contratación.

Impacto y Relevancia

Esta resolución refuerza la importancia de la motivación adecuada en la valoración de ofertas en procedimientos de contratación pública, garantizando la transparencia y la igualdad de trato. Sienta un precedente sobre la necesidad de justificar las decisiones administrativas de manera clara y detallada, lo que puede influir en futuros casos similares. La resolución también destaca la función revisora de los tribunales en materia de contratación, limitando su intervención a aspectos formales y de procedimiento.

Doctrina aplicada por el tribunal

Discrecionalidad técnica

En la resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, se aborda la cuestión de la discrecionalidad técnica, un principio que limita la capacidad del tribunal para intervenir en las decisiones técnicas adoptadas por los órganos de contratación. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP), junto con la jurisprudencia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) y el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), establecen que los órganos técnicos de valoración tienen una discrecionalidad en la apreciación de cuestiones técnicas que no es controlable jurídicamente. Sin embargo, esta discrecionalidad no es absoluta y está sujeta a control para evitar arbitrariedades, como se refleja en las resoluciones 334/2024, 113/2024, y otras.

Motivación de las valoraciones

La resolución destaca la importancia de la motivación adecuada en la valoración de ofertas, especialmente en criterios sujetos a juicio de valor. La falta de justificación en las puntuaciones otorgadas a ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS, SLU, llevó al tribunal a considerar que no se cumplió con el principio de transparencia. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y las resoluciones del propio tribunal, como la 3/2025 y 442/2024, subrayan que la motivación debe ser suficiente para que los licitadores comprendan las razones de las decisiones adoptadas.

Principios de igualdad de trato y no discriminación

El tribunal enfatiza la necesidad de respetar los principios de igualdad de trato y no discriminación, consagrados en los artículos 139.2 y 146.2 de la LCSP. La resolución señala que la falta de motivación en la valoración de las ofertas puede comprometer estos principios, afectando la imparcialidad del proceso de adjudicación. La jurisprudencia del Tribunal Suprem y las resoluciones 14/2025 y 87/2025 refuerzan la obligación de aplicar estos principios de manera estricta.

Retroacción de actuaciones

La resolución ordena la retroacción de actuaciones debido a la insuficiente motivación de las valoraciones, lo que implica anular la adjudicación y reiniciar el proceso desde la fase de valoración. Este procedimiento está respaldado por resoluciones como la 93/2025 y 259/2019, que establecen que la retroacción es necesaria cuando se detectan vicios que afectan la legalidad del procedimiento.

Principio de congruencia

El tribunal también aborda el principio de congruencia, asegurando que su decisión se ajuste estrictamente a las pretensiones del recurso presentado. Las resoluciones 483/2024 y 36/2024 destacan que el tribunal debe limitarse a revisar los aspectos impugnados sin extenderse a cuestiones no planteadas por las partes.

Conclusión Doctrinal

• La resolución reafirma la discrecionalidad técnica de los órganos de contratación, pero subraya que esta no es absoluta y debe estar motivada adecuadamente.
• La falta de motivación en la valoración de ofertas puede comprometer los principios de igualdad de trato y transparencia, lo que justifica la retroacción de actuaciones.
• La retroacción de actuaciones es una medida necesaria cuando se detectan vicios que afectan la legalidad del procedimiento de adjudicación.
• El tribunal se limita a revisar los aspectos impugnados, respetando el principio de congruencia y evitando extenderse a cuestiones no planteadas por las partes.
• La resolución tiene implicaciones prácticas para futuras licitaciones, destacando la importancia de una motivación clara y detallada en la valoración de ofertas para garantizar la transparencia y la igualdad de trato.

Doctrina - Jurisprudencia - Legislación

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

• Resoluciones: 334/2024, 113/2024, 96/2024, 227/2023, 200/2023, 344/2022, 229/2022, 50/2021, 35/2021, 222/2020, 191/2020, 3/2025, 442/2024, 159/2024, 107/2023, 351/2022, 239/2022, 178/2021, 14/2025, 87/2025, 93/2025, 259/2019, 196/2018, 44/2018, 106/2017, 483/2024, 36/2024, 483/2023, 43/2023, 19/2023, 358/2022, 217/2022, 85/2022, 223/2021, 221/2021, 181/2020, 70/2020, 355/2019.

Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)

• Sentencias: 23 de noviembre de 1978, 56/77; 16 de enero de 2019, C-265/17 P.

Tribunal General de la Unió Europea (TGUE)

• Sentencias: 24 de febrero de 2000, T-145/98; 6 de julio de 2005, T-148/04; 9 de septiembre de 2009.

Tribunal Suprem

• Sentencias: 13 de enero de 2000, 15 de junio de 1998, 9 de marzo de 1998, 20 de enero de 1998, 9 de octubre de 2019, 20 de febrero de 2018, 27 de mayo de 2009, 26 de diciembre de 2007.

Legislación

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP)
• Real Decreto 814/2015
• Real Decreto 817/2009
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa