Resumen de la Resolución 138/2026 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

La presente resolución aborda el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad XX contra los pliegos del contrato denominado "Concesión de obras para la construcción y posterior explotación de un aparcamiento en superficie y un aparcamiento modular y 100% desmontable para vehículos en el Hospital Universitario Poniente". Este contrato, promovido por el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), el Real Decreto 817/2009, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La resolución desestima el recurso, confirmando la validez de los pliegos impugnados y levantando la suspensión del procedimiento de adjudicación. Se concluye que no existe temeridad ni mala fe en la interposición del recurso, conforme al artículo 58.2 de la LCSP.

Detalles Generales de la Resolución

• Número de Resolución: 138/2026
• Fecha: 13 de marzo de 2026
• Tribunal: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, Sección Primera
• Expediente: CCA: +6.IVJ334A
• Organismo: Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, adscrito al Servicio Andaluz de Salud
• Objeto del Contrato: Concesión de obras para la construcción y explotación de un aparcamiento en superficie y un aparcamiento modular y desmontable en el Hospital Universitario Poniente
• Partes Intervinientes:
  • Recurrente: Entidad XX
  • Adjudicatario: No especificado en la resolución
  • Órgano de Contratación: Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería
• Importe de Licitación: 22.967.910,36 euros
• Comunidad Autónoma: Andalucía

Antecedentes de la Resolución

El 3 de febrero de 2026, se publicó el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. La licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, se refería a un contrato de concesión de obras con un valor estimado de 22.967.910,36 euros. El 24 de febrero de 2026, la entidad XX presentó un recurso especial en materia de contratación contra los pliegos de la licitación. El Tribunal, el 3 de marzo de 2026, acordó la suspensión cautelar del procedimiento de adjudicación y del plazo de presentación de ofertas. Posteriormente, el 11 de marzo de 2026, las entidades XX y XX solicitaron personarse en el recurso en calidad de interesadas, al pretender concurrir en unión temporal de empresas (UTE) a la licitación.

Argumentos de las Partes

Alegaciones de la Entidad Recurrente

La entidad XX solicitó la anulación de los pliegos, argumentando que limitan la competencia. Sus principales alegaciones fueron:

1. Incongruencia entre el anuncio y los pliegos: El anuncio indicaba que el contrato no era susceptible de recurso especial, mientras que los pliegos afirmaban lo contrario.
2. Restricción indebida de la subcontratación: La cláusula 23 del PCAP limitaba la subcontratación de la estructura modular, lo que, según la recurrente, contravenía el artículo 215 de la LCSP.
3. Falta de motivación en la restricción de la subcontratación: La recurrente argumentó que no se justificaba adecuadamente por qué ciertas tareas eran críticas y no subcontratables.
4. Imposición de concurrencia en UTE: La recurrente sostuvo que la cláusula 23 obligaba a las empresas a concurrir en UTE, excluyendo la posibilidad de recurrir a la solvencia de terceros.

Alegaciones del Órgano de Contratación

El órgano de contratación defendió la validez de los pliegos, argumentando que:

1. La ejecución directa de la estructura modular era esencial para el contrato, justificando la restricción de la subcontratación.
2. La limitación no contravenía el artículo 215 de la LCSP, ya que estaba motivada para preservar la responsabilidad integral del adjudicatario.
3. No existía incoherencia en los pliegos, ya que la solvencia técnica se dirigía a la explotación del aparcamiento, no a la ejecución de la obra.
4. No se imponía la concurrencia en UTE, sino que se ofrecían diversas formas jurídicas para participar en la licitación.

Alegaciones de la Empresa Adjudicataria y Otros Interesados

No se especifican alegaciones de la empresa adjudicataria ni de otros interesados en la resolución.

Decisión del Tribunal

El Tribunal desestimó el recurso, concluyendo que:

1. La cláusula 23 del PCAP estaba justificada, ya que la ejecución de la estructura modular era crítica para el contrato.
2. No se vulneraba el artículo 215 de la LCSP, ya que la limitación de la subcontratación estaba debidamente motivada.
3. No existía incoherencia en los pliegos, ya que la solvencia técnica se centraba en la explotación del aparcamiento.
4. No se imponía la concurrencia en UTE, sino que se ofrecían diversas formas jurídicas para participar en la licitación.

El Tribunal también decidió no imponer una multa por temeridad o mala fe, ya que no se evidenció que el recurso careciera de fundamentación jurídica.

Conclusión

El Tribunal desestimó el recurso interpuesto por la entidad XX, confirmando la validez de los pliegos impugnados. Se levantó la suspensión del procedimiento de adjudicación, permitiendo la continuación del proceso de licitación. La resolución reafirma la validez de las restricciones de subcontratación cuando están debidamente justificadas y no impiden la competencia. Las partes afectadas deberán ajustar sus estrategias de licitación conforme a la resolución, considerando las limitaciones establecidas en los pliegos.

Impacto y Relevancia

Esta resolución refuerza la seguridad jurídica en la contratación pública, al confirmar que las restricciones de subcontratación deben estar justificadas y no deben restringir la competencia. Establece un precedente sobre la interpretación del artículo 215 de la LCSP, permitiendo limitaciones a la subcontratación cuando están debidamente motivadas. La resolución también destaca la importancia de la coherencia interna de los pliegos y la necesidad de justificar adecuadamente las restricciones impuestas. En el futuro, esta resolución podría influir en casos similares, especialmente en contratos de concesión de obras donde la ejecución de ciertas tareas es crítica para el éxito del proyecto.

Doctrina aplicada por el tribunal

Restricción de la subcontratación

La resolución aborda la restricción de la subcontratación en el contrato de concesión de obras, destacando la aplicación del artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). La cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) establece que la estructura modular debe ser realizada directamente por la concesionaria, justificando esta limitación por la criticidad de la obra. El Tribunal considera que esta restricción está debidamente justificada, conforme a la doctrina expuesta en las Resoluciones 180/2025 y 188/2025 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que permiten límites a la subcontratación siempre que se justifiquen adecuadamente.

Motivación de las restricciones a la subcontratación

El Tribunal analiza la necesidad de motivar las restricciones a la subcontratación, conforme al artículo 215.2 e) de la LCSP. La resolución destaca que la justificación de la cláusula 23 del PCAP es suficiente, ya que se basa en la necesidad de garantizar la calidad y seguridad de la estructura modular. La Resolución 74/2020 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales apoya esta interpretación, subrayando que las limitaciones deben estar justificadas para no restringir la competencia.

Imposición de concurrencia en UTE

La resolución examina la alegación de que el pliego impone la concurrencia en Unión Temporal de Empresas (UTE), en relación con el artículo 69 de la LCSP. El Tribunal concluye que no se impone la concurrencia en UTE, sino que se ofrece como una opción para las empresas que no pueden cumplir con los requisitos de solvencia por sí solas. La resolución aclara que la Administración no está obligada a adaptar el contrato a las estructuras organizativas de los operadores económicos.

Imposición de multa por temeridad o mala fe

El Tribunal evalúa la solicitud de imposición de multa por temeridad o mala fe, conforme al artículo 58.2 de la LCSP. Tras analizar los argumentos del recurso, el Tribunal concluye que no hay evidencia de mala fe o temeridad, ya que los argumentos presentados no carecen de fundamentación jurídica. La sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de febrero de 2020 se cita para subrayar que la sanción debe evitar el uso abusivo del recurso especial.

Resolución del recurso

El Tribunal desestima el recurso especial en materia de contratación, basándose en el artículo 57.3 de la LCSP. La resolución destaca que no se aprecia ni temeridad ni mala fe en la interposición del recurso, permitiendo así el levantamiento de la suspensión del procedimiento de adjudicación.

Recurso contencioso-administrativo

Finalmente, la resolución informa sobre la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a los artículos 10.1 letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Conclusión Doctrinal

• La restricción de la subcontratación está justificada por la criticidad de la obra, conforme al artículo 215 de la LCSP.
• La motivación de las restricciones es adecuada y no restringe la competencia, apoyada por la Resolución 74/2020 del TACRC.
• No se impone la concurrencia en UTE, sino que se ofrece como opción para cumplir con los requisitos de solvencia.
• No se aprecia mala fe ni temeridad en el recurso, evitando la imposición de multa.
• La resolución desestima el recurso y permite el levantamiento de la suspensión del procedimiento de adjudicación.

Doctrina - Jurisprudencia - Legislación

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía

• Resoluciones 180/2025 y 188/2025: Justificación de límites a la subcontratación.

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

• Resolución 74/2020: Motivación de restricciones a la subcontratación.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

• Sentencia de 12 de noviembre de 2025 (ECLI:ES:TSJCAT:2025:6395): Motivación en el recurso.

Audiencia Nacional

• Sentencia de 5 de febrero de 2020: Sanción por temeridad o mala fe.

Legislación

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP): Artículos 46.1, 48, 44.1 c), 44.2 a), 50.1 b), 215, 69, 58.2, 57.3.
• Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Artículos 10.1 k), 46.1.