Resumen de la Resolución 150/2026 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias

La Resolución 150/2026, de 18 de mayo, dictada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, resuelve el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES CANARIAS, S.L.U. contra los pliegos que rigen la licitación del contrato de servicio de hemodiálisis en unidades asistenciales extrahospitalarias para pacientes del Servicio Canario de la Salud, expediente 18/T/24/SS/CO/A/0002.

Nos encontramos ante un contrato de extraordinaria relevancia sanitaria y económica, con un valor estimado superior a 155 millones de euros, dividido en siete lotes y tramitado mediante procedimiento abierto. La controversia gira en torno a la configuración económica, técnica y organizativa del contrato, así como a determinados criterios de adjudicación y obligaciones tecnológicas impuestas a los futuros adjudicatarios.

El Tribunal analiza exhaustivamente los motivos de impugnación formulados por la recurrente, que alegaba vulneraciones de los principios de transparencia, proporcionalidad y libre concurrencia previstos en el artículo 1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, así como infracciones concretas de los artículos 28, 99, 100, 102, 116, 126, 145, 146, 203, 204 y 205 de la LCSP, entre otros.

La decisión final es de estimación parcial del recurso, con anulación de determinados aspectos de los pliegos y retroacción del procedimiento a la fase previa a su aprobación. El Tribunal declara no ajustados a Derecho:

• La configuración del presupuesto base de licitación, por falta de suficiente desglose y justificación en determinadas partidas, especialmente en lo relativo a obligaciones tecnológicas.
• La determinación de ciertas prestaciones accesorias tecnológicas, por su carácter indeterminado y por quedar condicionadas a la voluntad de la Administración sin adecuada fijación de precios ni límites.
• La configuración del criterio de adjudicación B.2.4, relativo a la mejora de recursos humanos, por insuficiente delimitación.
• Determinadas cláusulas relativas a la adaptación tecnológica abierta y permanente.

Por el contrario, desestima otros motivos, especialmente los referidos a la previsión de pacientes, número de puestos mínimos y régimen de turnos diarios, al considerar que se encuadran dentro del margen de discrecionalidad técnica del órgano de contratación y están suficientemente justificadas.

La resolución ordena la retroacción del procedimiento a la fase anterior a la aprobación de los pliegos y levanta la medida cautelar de suspensión previamente acordada.

Detalles Generales de la Resolución

• Número de Resolución: 150/2026.

• Fecha: 18 de mayo de 2026. La medida cautelar había sido acordada previamente mediante Resolución 87/2026, de 11 de marzo.

• Tribunal: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La resolución se dicta por la titular del Tribunal, órgano competente conforme a los artículos 46.1 de la LCSP y 3.a) del Decreto 10/2015, de 12 de febrero.

• Expediente: 18/T/24/SS/CO/A/0002.

• Organismo: Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, actuando como órgano de contratación del Servicio Canario de la Salud.

• Objeto del Contrato: Servicio de hemodiálisis en unidades asistenciales extrahospitalarias para pacientes dependientes de varios hospitales públicos canarios, con código CPV 85121220-1. Se divide en siete lotes territoriales, atendiendo a las áreas de influencia de distintos hospitales.

• Partes Intervinientes:

  • Recurrente: FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES CANARIAS, S.L.U., representada por L.G.M.
  • Órgano de contratación: Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
  • Potenciales adjudicatarios e interesados en la licitación.

• Importe de Licitación:

  • Presupuesto base de licitación: aproximadamente 105.978.814,09 euros.
  • Valor estimado del contrato: 155.121.872,50 euros, incluyendo prórrogas y posibles modificaciones.

• Comunidad Autónoma: Canarias.

Antecedentes de la resolución

La licitación fue convocada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para garantizar la prestación del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria en distintos ámbitos territoriales vinculados a hospitales públicos de referencia.

El procedimiento se tramitó mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. La Orden de aprobación de pliegos es la Orden 39/2026, de 24 de enero. La licitación fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la Plataforma de Contratación del Sector Público en enero de 2026, fijándose como fecha límite de presentación de ofertas el 26 de febrero de 2026.

El 17 de febrero de 2026, antes del cierre del plazo, la empresa FRESENIUS interpuso recurso especial contra los pliegos, solicitando su anulación y la suspensión del procedimiento, al amparo de los artículos 49 y 51.1 LCSP.

El Tribunal acordó la suspensión cautelar mediante Resolución 87/2026.

Durante la tramitación del recurso, el órgano de contratación remitió el expediente completo e informes técnicos y económicos justificativos, incluyendo el informe económico de 28 de julio de 2025 que fundamentaba el precio unitario por sesión de hemodiálisis.

Argumentos de las partes

Argumentos de la recurrente

La empresa recurrente articuló siete grandes motivos de impugnación:

1. Falta de proporcionalidad en la previsión de pacientes, exigencia de puestos mínimos y régimen de turnos.
2. Falta de desglose suficiente del presupuesto base de licitación, en infracción de los artículos 100 y 102 LCSP.
3. Indeterminación del criterio de adjudicación B.2.4 relativo a médicos adicionales.
4. Vulneración del régimen de modificación contractual previsto en los artículos 203 a 205 LCSP.
5. Incongruencia entre la naturaleza extrahospitalaria del servicio y exigencias tecnológicas intrahospitalarias.
6. Imposición de obligaciones tecnológicas abiertas, condicionadas a la voluntad del hospital y sin límite económico.
7. Ausencia de trámite de audiencia previo en el procedimiento de imposición de penalidades.

En el plano económico, la recurrente puso el foco en la falta de desglose específico de los costes tecnológicos, denunciando que el precio unitario de 165,02 euros por sesión no permitía conocer qué parte correspondía a obligaciones informáticas de integración, interoperabilidad, licencias, hardware o mantenimiento evolutivo.

En cuanto al criterio B.2.4, argumentó que no se establecía límite máximo de médicos adicionales valorables ni reglas claras de cómputo, permitiendo ofertas desproporcionadas.

Respecto a las obligaciones tecnológicas, denunció que los pliegos imponían adaptaciones abiertas, sin delimitación funcional ni económica, con posible calificación como obligaciones esenciales y sin previsión clara de reequilibrio.

Argumentos del órgano de contratación

La Administración defendió que:

• La planificación asistencial estaba debidamente justificada en informes técnicos.
• El precio unitario estaba fundamentado en un estudio económico detallado.
• Las obligaciones tecnológicas respondían a necesidades de interoperabilidad, seguridad y continuidad asistencial.
• El criterio B.2.4 tenía límites derivados del número de pacientes y puntuación máxima.
• La cláusula sobre penalidades reproducía el artículo 194.2 LCSP y no excluía el derecho de audiencia.

Decisión del Tribunal

El Tribunal realiza un análisis diferenciado por bloques.

Desestima las alegaciones relativas a previsión de pacientes, puestos mínimos y régimen de turnos, al considerar que entran dentro del margen de discrecionalidad técnica del órgano de contratación y no se acredita arbitrariedad ni error manifiesto, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo sobre discrecionalidad técnica.

Sin embargo, estima parcialmente el recurso en los siguientes aspectos:

• Detecta insuficiente motivación y desglose económico en lo relativo a los costes tecnológicos, lo que vulnera los artículos 100, 102 y 116.4 LCSP.
• Considera que el criterio B.2.4 carece de suficiente delimitación cuantitativa y funcional, afectando a los artículos 145 y 146 LCSP.
• Aprecia indeterminación excesiva en las obligaciones tecnológicas abiertas, con posible afectación a los artículos 203 y 204 LCSP.
• Declara que determinadas cláusulas deben ser reformuladas para delimitar alcance, límites y mecanismos de compensación.

En consecuencia:

• Anula los pliegos en los extremos afectados.
• Ordena la retroacción del procedimiento.
• Levanta la suspensión cautelar.
• No aprecia mala fe ni temeridad.

Conclusión

La Resolución 150/2026 supone una intervención correctiva relevante en un contrato sanitario estratégico de elevado impacto económico.

El Tribunal no cuestiona la planificación asistencial ni el modelo organizativo, pero exige una mayor precisión en la configuración económica y tecnológica del contrato. La retroacción obligará al órgano de contratación a:

• Reformular el estudio económico con mayor desglose.
• Delimitar con claridad las obligaciones tecnológicas.
• Ajustar el criterio de adjudicación B.2.4.

Hasta que se aprueben nuevos pliegos, la licitación no podrá continuar.

Impacto y Relevancia

Esta resolución refuerza la exigencia de precisión y transparencia en contratos sanitarios de gran complejidad tecnológica.

Confirma que:

• La discrecionalidad técnica tiene límites controlables.
• El presupuesto base debe reflejar de forma clara todas las obligaciones relevantes.
• Los criterios de adjudicación deben estar delimitados con suficiente precisión.
• Las obligaciones evolutivas tecnológicas no pueden formularse de forma abierta e ilimitada.

La resolución no crea un nuevo criterio interpretativo radical, pero sí consolida y aplica con rigor la doctrina sobre determinación del objeto, motivación económica y delimitación de modificaciones contractuales.

En futuros contratos sanitarios con fuerte componente tecnológico, esta resolución servirá como referencia para exigir:

• Mayor trazabilidad en la determinación del precio.
• Delimitación objetiva de mejoras valorables.
• Definición clara de obligaciones evolutivas.

En definitiva, la Resolución 150/2026 constituye un ejemplo de control jurídico intenso sobre la fase de preparación de los contratos públicos, reforzando la seguridad jurídica y la competencia efectiva en el ámbito de la contratación sanitaria.

Doctrina aplicada por el tribunal

Discrecionalidad técnica en la configuracion del objeto y de las prescripciones tecnicas

El Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de la Comunidad Autonoma de Canarias parte de la premisa de que el organo de contratacion dispone de un amplio margen de discrecionalidad tecnica para definir el objeto contractual y las prescripciones tecnicas, conforme a los articulos 28.1, 99, 116.4.e), 126.1 y 132 de la LCSP.

Aplica la doctrina del Tribunal Supremo -SSTS de 18 de marzo de 2011, 6 de julio de 2011, 25 de febrero de 2013, 18 de marzo de 2014 y 3 de julio de 2015- segun la cual el control del organo revisor no puede sustituir el juicio tecnico de la Administracion, limitandose a verificar la ausencia de error manifiesto, arbitrariedad o vulneracion de los principios de igualdad y libre concurrencia.

En esta linea, el Tribunal examina si la configuracion de pacientes previstos, numero de puestos y regimen de turnos incurre en irracionalidad o restriccion artificial de la competencia. Concluye que, pese a una motivacion mejorable, existen informes asistenciales suficientes y no se acredita arbitrariedad ni restriccion injustificada, por lo que desestima este motivo.

Necesidad, motivacion y proporcionalidad en la prevision de pacientes, puestos y turnos

El Tribunal analiza la adecuacion de la prevision de pacientes, la exigencia de puestos minimos y la organizacion en dos turnos diarios a la luz de los articulos 28.1, 99 y 116.4.e) de la LCSP y la Disposicion Adicional 33 LCSP.

Considera que el expediente incorpora datos de actividad y previsiones epidemiologicas suficientes para justificar la planificacion asistencial. La falta de una mayor trazabilidad documental no determina nulidad si existe un soporte tecnico minimo. No aprecia vulneracion del articulo 126.1 LCSP, al no acreditarse que las exigencias impidan objetivamente la concurrencia.

Presupuesto base de licitacion y desglose de costes en contratos por precio unitario

El Tribunal examina la conformidad del presupuesto con los articulos 100, 101 y 102 de la LCSP, en el marco de un contrato de servicios con precio unitario y necesidades variables, conforme a la Disposicion Adicional 33 LCSP.

Acepta que no es exigible un desglose exhaustivo de todos los costes internos cuando el precio se formula por unidad de ejecucion y el metodo de calculo esta motivado, siguiendo la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Resoluciones 633/2019 y 618/2020) y de la Junta Consultiva de Contratacion del Estado (Informe 40/19).

No obstante, estima el motivo en cuanto a la falta de cuantificacion y motivacion especifica de los costes derivados de obligaciones tecnologicas y de comunicaciones, al considerar que su indeterminacion vulnera los articulos 100.2 y 116.4 LCSP, al impedir conocer el impacto economico real en el precio unitario.

Criterios de adjudicacion: objetividad, proporcionalidad y limites

Respecto del subcriterio B.2.4, el Tribunal aplica los articulos 145.5, 145.6 y 146.2 LCSP. Reconoce que existe formula matematica y mecanismo de acreditacion documental, pero aprecia un deficit relevante de concrecion al no fijarse limite maximo ni reglas claras de computo.

Siguiendo la doctrina de la Resolucion 153/2023 del Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de la Comunidad Autonoma de Canarias, concluye que la ausencia de limites puede distorsionar la competencia y permitir ofertas sobredimensionadas. Estima parcialmente el motivo y ordena su reformulacion.

Obligaciones de innovacion tecnologica y limites a la modificacion contractual

El Tribunal distingue entre autenticas modificaciones contractuales y obligaciones dinamicas propias de contratos sanitarios de tracto sucesivo, a la luz de los articulos 203, 204 y 205 LCSP.

Considera que la incorporacion de innovaciones tecnicas no constituye por si misma una modificacion encubierta, en linea con la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Resoluciones 750/2021 y 436/2022). Sin embargo, aprecia excesiva indeterminacion en el alcance tecnico, limites economicos y mecanismos de reequilibrio, lo que vulnera las exigencias de claridad y previsibilidad del articulo 204 LCSP. Estima parcialmente el motivo.

Transparencia y delimitacion de obligaciones tecnologicas abiertas

En conexion con lo anterior, el Tribunal declara que determinadas clausulas imponen obligaciones de adaptacion tecnologica abiertas, activables unilateralmente y sin delimitacion funcional ni economica suficiente, vulnerando los articulos 1, 100, 102 y 116.4 LCSP.

Ordena su reformulacion para concretar alcance, supuestos objetivos y regimen de compensacion, al considerar que la indeterminacion compromete la transparencia y la posibilidad de formular ofertas en condiciones de igualdad.

Prescripciones tecnicas de integracion en el CPD hospitalario

Frente a la alegada incongruencia con la naturaleza extrahospitalaria del servicio, el Tribunal aplica el articulo 126 LCSP y concluye que las exigencias de integracion en el CPD hospitalario y de interoperabilidad con sistemas corporativos guardan vinculacion directa con el objeto contractual.

Considera que responden a razones de continuidad asistencial, seguridad y proteccion de datos, y no constituyen restricciones arbitrarias de la competencia.

Naturaleza juridica de las penalidades y tramite de audiencia

El Tribunal reafirma que las penalidades de los articulos 192 y 193 LCSP no tienen naturaleza sancionadora, sino contractual, asimilable a clausula penal del articulo 1152 del Codigo Civil, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo (SSTS de 6 de marzo de 1997, 18 de mayo de 2005 y 21 de mayo de 2019).

Aunque el articulo 194.2 LCSP no regula expresamente un tramite contradictorio, el Tribunal exige audiencia previa por imperativo del principio de contradiccion y del articulo 82 de la Ley 39/2015, si bien declara que la clausula impugnada no es nula por reproducir la ley, debiendo interpretarse conforme a Derecho.

Conclusion Doctrinal

• El organo de contratacion goza de amplia discrecionalidad tecnica, controlable solo por error manifiesto o arbitrariedad.
• La planificacion asistencial (pacientes, puestos y turnos) es valida si existe soporte tecnico minimo y no se acredita restriccion artificial de la competencia.
• En contratos por precio unitario no se exige desglose exhaustivo, pero si motivacion suficiente de todos los costes relevantes, incluidos los tecnologicos.
• Los criterios de adjudicacion deben incorporar limites y reglas claras para evitar distorsiones competitivas.
• Las obligaciones de innovacion tecnologica son admisibles en contratos sanitarios, pero deben estar delimitadas tecnica y economicamente.
• Las prescripciones tecnicas deben vincularse al objeto y ser proporcionales; la integracion tecnologica hospitalaria se considera justificada.
• Las penalidades no son sanciones, pero requieren audiencia previa.

Practicamente, la resolucion refuerza la exigencia de motivacion economica y de precision en criterios y obligaciones abiertas, condicionando futuras licitaciones sanitarias con fuerte componente tecnologico.

Doctrina - Jurisprudencia - Legislacion

Resoluciones

• Resolucion 150/2026, de 18 de mayo, del Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de la Comunidad Autonoma de Canarias.
• Resoluciones 183/2021, 138/2021, 078/2022, 57/2019 y 256/2023 del Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de la Comunidad Autonoma de Canarias.
• Resolucion 153/2023 del Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de la Comunidad Autonoma de Canarias.
• Resoluciones 633/2019, 618/2020, 750/2021 y 436/2022 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
• Resolucion 344/2021 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia.
• Resolucion 102/2019 del Organo Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi.
• Resolucion 2614/13 del Tribunal Administrativo de Navarra.

Sentencias

• SSTS de 18 de marzo de 2011; 6 de julio de 2011; 25 de febrero de 2013; 18 de marzo de 2014; 3 de julio de 2015; 6 de marzo de 1997; 18 de mayo de 2005; 21 de mayo de 2019; 21 de noviembre de 1988, del Tribunal Supremo.
• STSJ Andalucia (Malaga) 916/2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia.

Legislacion

• Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico: arts. 1, 17, 28, 99, 100, 101, 102, 116, 126, 132, 145, 146, 192, 193, 194, 203, 204, 205; Disposicion Adicional 33.
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre: art. 131 y 197.
• Codigo Civil: art. 1152.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre: art. 82.
• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, Esquema Nacional de Interoperabilidad.