Resumen de la Resolución 195/2026 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León

Resumen de la Resolución

La Resolución 195/2026, de 13 de agosto, dictada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, resuelve el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Air Liquide Healthcare España, S.L. contra la adjudicación del lote 1 del contrato mixto de suministro de gases medicinales y de uso sanitario con destino al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, así como el mantenimiento de sus instalaciones propias, identificado con el expediente 8301-831-1-2026-16303.

El litigio se centra, de manera casi exclusiva, en la valoración de uno de los criterios sujetos a juicio de valor previsto en el pliego, concretamente el criterio denominado Plan de ahorro y eficiencia, al que el PCAP atribuía hasta 12 puntos. La recurrente sostenía que el informe técnico de valoración carecía de motivación suficiente, incurría en arbitrariedad y omitía el análisis real de parte de su oferta, con vulneración de los principios de igualdad de trato, transparencia y objetividad. En consecuencia, pedía la nulidad de la adjudicación y del informe de valoración, con retroacción de actuaciones al momento anterior a la evaluación de los criterios subjetivos. De forma subsidiaria, interesaba la anulación completa del procedimiento de licitación.

El Tribunal, sin embargo, desestima íntegramente el recurso. Para ello aplica de forma expresa el marco general de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En particular, razona sobre la competencia del órgano revisor conforme al artículo 46.1 LCSP y al artículo 59 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. También confirma la procedencia del recurso especial a la luz del artículo 44 LCSP, al tratarse de un contrato mixto de suministro cuyo valor estimado asciende a 902.057,48 euros, por encima del umbral legal. Además, declara que el recurso se presentó dentro del plazo del artículo 50.1.d LCSP y que la representación quedó acreditada conforme al artículo 48 LCSP.

En el fondo del asunto, el Tribunal reitera la doctrina clásica sobre la discrecionalidad técnica de la Administración y la limitación del control de los tribunales a aspectos externos y verificables, como la competencia, el procedimiento, la existencia de arbitrariedad, la discriminación o el error material. Cita, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2000, la de 24 de julio de 2012 y la de 10 de mayo de 2017, además de su propia doctrina contenida en las resoluciones 137/2019 y 164/2019. Sobre el deber de motivación, acude también a la jurisprudencia del Supremo de 25 de febrero de 1987, 12 de febrero de 1988 y 27 de mayo de 1988, para recordar que la motivación no exige una exposición exhaustiva o minuciosa, sino una referencia racional y suficiente que permita conocer las razones de la decisión y defenderse frente a ella.

A partir de esa doctrina, el Tribunal considera que el informe técnico sí está suficientemente motivado. Entiende que el pliego no imponía una valoración individualizada y exhaustiva de cada una de las medidas incluidas en los planes de ahorro, ni exigía una puntuación automática por subelementos, sino una apreciación global del alcance, eficacia y repercusión objetiva de las actuaciones ofrecidas sobre el consumo de gases medicinales y la mejora de la eficiencia. También destaca que el PPT, en su apartado 4.5, definía ya unas medidas mínimas de ahorro y exigía que las empresas presentaran un plan de ahorro y eficiencia describiendo las soluciones técnicas aportadas y las complementarias, detallando su funcionalidad.

El Tribunal acepta la explicación del órgano de contratación según la cual el informe técnico valoró si las propuestas excedían las exigencias mínimas del PPT y aportaban un valor añadido real en términos de ahorro y eficiencia, sin necesidad de reflejar de forma exhaustiva cada una de las soluciones. Además, subraya que parte de la documentación técnica de otras licitadoras había sido declarada confidencial, lo que limitaba la posibilidad de comparación directa alegada por la recurrente.

En definitiva, el Tribunal concluye que no se ha acreditado ni un error material, ni arbitrariedad, ni ausencia de motivación suficiente, ni infracción de los pliegos. Por ello, desestima el recurso, levanta la suspensión del procedimiento conforme al artículo 57.3 LCSP, ordena la notificación a los interesados y recuerda que contra la resolución solo cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, conforme al artículo 46.1 LJCA y al artículo 10.1.k LJCA.

Detalles Generales de la Resolución

• Número de Resolución: La resolución analizada es la Resolución 195/2026, correspondiente al recurso 174/2026. Se identifica además con el número interno de expediente de recurso ante el Tribunal, que aparece expresamente vinculado a la misma decisión.

• Fecha: La resolución fue dictada el 13 de agosto de 2026. La publicación o notificación se produjo conforme al trámite ordinario de comunicación a los interesados tras su adopción, con advertencia expresa del plazo de impugnación judicial posterior.

• Tribunal: El órgano resolutor es el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, con sede en Zamora. La resolución no detalla una composición colegiada nominal en el texto facilitado, pero sí deja constancia de que actúa en ejercicio de su competencia revisora en materia de contratación pública.

• Expediente: El procedimiento de contratación al que se refiere la controversia se identifica con el expediente 8301-831-1-2026-16303.

• Organismo: El órgano de contratación es la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, en el marco de la contratación impulsada para el suministro y mantenimiento de gases medicinales y de uso sanitario del centro hospitalario.

• Objeto del Contrato: Se trata de un contrato mixto que combina el suministro de gases medicinales y de uso sanitario con el mantenimiento de las instalaciones propias del hospital. El contrato se divide en dos lotes:

  • Lote 1: suministro de gases licuados y mantenimiento de instalaciones propias.
  • Lote 2: suministro de gases en botella y mantenimiento de instalaciones propias.

  La controversia resuelta se centra exclusivamente en el lote 1, relativo a gases licuados y mantenimiento, aunque en la licitación se resolvieron ambos lotes.

• Partes Intervinientes:

  • Recurrente: Air Liquide Healthcare España, S.L., representada por Dña. yyy.
  • Órgano de contratación: la directora gerente del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
  • Adjudicataria del lote 1: Messer Ibérica de Gases, S.A.U.
  • Otros licitadores afectados por la licitación y por decisiones de exclusión: Nippon Gases España, S.L.U., Oxigen Salud, S.A.U. y Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., mencionadas por el expediente y por la discusión técnica sobre sus ofertas.

  La recurrente quedó clasificada en segundo lugar, con una diferencia de 13,53 puntos respecto de la adjudicataria, dato que el Tribunal considera relevante para apreciar la legitimación.

• Importe de Licitación: El valor estimado del contrato es de 902.057,48 euros. La resolución no desglosa en el texto el importe específico del lote 1 ni el presupuesto base de licitación, pero sí utiliza el valor estimado global para verificar la procedencia del recurso especial conforme al artículo 44 LCSP.

• Comunidad Autónoma: El procedimiento se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, resultando aplicable además su marco normativo autonómico de organización y funcionamiento del Tribunal, especialmente la Ley 1/2012, de 28 de febrero.

Antecedentes de la resolución

La secuencia cronológica del expediente muestra un procedimiento de contratación ordinario, seguido de una impugnación centrada en la fase de adjudicación y, más concretamente, en la evaluación técnica de las ofertas.

En primer lugar, los días 21 y 22 de diciembre de 2025 se publicaron en la Plataforma de Contratación del Sector Público tanto el anuncio de licitación como los pliegos del contrato mixto destinado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Desde ese momento quedó configurado un procedimiento dividido en dos lotes, uno de gases licuados y otro de gases en botella, ambos acompañados de la obligación de mantenimiento de las instalaciones propias. La contratación, por tanto, no se limitaba al mero suministro, sino que incorporaba una vertiente técnica de soporte y continuidad del servicio hospitalario.

Durante la tramitación de la licitación, las empresas interesadas formularon sus proposiciones conforme a las reglas fijadas en el PCAP y el PPT. De la resolución se desprende que los pliegos establecían criterios evaluables mediante juicio de valor y criterios automáticos o por fórmulas, con una particular relevancia del apartado referido al Plan de ahorro y eficiencia, ligado a la mejora del consumo y al rendimiento de las instalaciones de gases medicinales. La oferta debía incorporar, además, el contenido técnico exigido por el PPT, especialmente en su apartado 4.5, donde se determinaban medidas mínimas a implantar durante los tres primeros meses de vigencia del contrato.

Posteriormente, el 17 de junio de 2026, la directora gerente del hospital dictó resolución de adjudicación de ambos lotes a favor de Messer Ibérica de Gases, S.A.U. Al mismo tiempo, acordó la exclusión de Nippon Gases España, S.L.U. y Oxigen Salud, S.A.U. en ambos lotes, y la exclusión de Air Liquide Healthcare España, S.L. respecto del lote 2. Esa resolución fue notificada a Air Liquide el mismo día y además se publicó en la PLACSP, lo que permitió a la empresa conocer formalmente la decisión administrativa y abrir, en su caso, la vía de impugnación.

A continuación, el 8 de julio de 2026, tuvo entrada en el Tribunal el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Dña. yyy, en representación de Air Liquide Healthcare España, S.L., contra la adjudicación del lote 1. Resulta relevante que el recurso no se dirigía contra la exclusión de Air Liquide en el lote 2, sino contra la adjudicación del lote 1 a Messer. La recurrente articuló su impugnación sobre la supuesta insuficiencia de motivación del informe técnico de valoración, el error manifiesto y la vulneración de los principios de igualdad, transparencia y objetividad en la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor.

La empresa recurrente solicitó la nulidad de la adjudicación y del informe técnico de valoración, con la consiguiente retroacción del procedimiento al momento anterior a la evaluación de los criterios subjetivos. Subsidiariamente, y con una pretensión de mayor alcance, interesó la anulación de todo el procedimiento de licitación, aunque esta petición quedó formulada como remedio alternativo en caso de apreciarse un vicio de mayor entidad.

Conferido traslado del recurso a los demás licitadores, el 27 de julio de 2026 presentó alegaciones la adjudicataria, Messer Ibérica de Gases, S.A.U.. La resolución no reproduce íntegramente esas alegaciones, pero sí deja claro que se opusieron a la totalidad de los motivos invocados por Air Liquide y defendieron la plena conformidad a Derecho de la adjudicación.

Por último, el Tribunal recibió el expediente administrativo y el informe del órgano de contratación. Este último sostuvo desde el inicio que la valoración de las ofertas se había realizado conforme a los criterios fijados en los pliegos, mediante una metodología uniforme, respetando la igualdad de trato, la objetividad y la transparencia. También mantuvo que el informe técnico de valoración de 10 de junio de 2026 estaba suficientemente motivado y que no existía ni error material, ni arbitrariedad, ni omisión de valoración que justificara la revisión pretendida.

Argumentos de las partes

Alegaciones de Air Liquide Healthcare España, S.L.

La recurrente construye su recurso sobre un eje principal: la supuesta insuficiencia de motivación y el carácter arbitrario de la puntuación asignada al criterio Plan de ahorro y eficiencia. A su juicio, el informe técnico no explica con claridad por qué su oferta recibió una valoración inferior a la de otros licitadores, ni desglosa de manera suficiente la incidencia real de sus propuestas sobre el consumo de gases medicinales.

Air Liquide parte de la literalidad del PCAP y del PPT, sosteniendo que ambos documentos exigían que los licitadores presentaran un plan de ahorro y eficiencia en el que se describieran las medidas concretas a implantar, su desarrollo técnico y su funcionalidad, así como la repercusión en el consumo de gases medicinales. En su interpretación, el pliego no se limitaba a pedir una declaración general de intenciones, sino una propuesta técnica detallada, susceptible de valoración cualitativa real. Por ello, entendía que la motivación del informe debía ser igualmente concreta y no meramente enunciativa.

La empresa impugnante denuncia que el informe técnico se limita, en esencia, a enumerar actuaciones de cada licitador sin ofrecer una explicación de por qué unas obtienen mejor puntuación que otras. Sostiene que se emplean términos genéricos, que no se identifican los elementos diferenciales de las ofertas y que no se pondera de forma individualizada el impacto de cada medida. Según su tesis, esa forma de actuar impide conocer cuál ha sido realmente el juicio técnico emitido y por qué se ha llegado a la puntuación final.

La recurrente insiste además en que el criterio controvertido era particularmente sensible porque el PCAP no fijaba una escala objetiva cerrada ni una fórmula matemática de reparto de puntos, lo que, a su juicio, hacía todavía más exigible una motivación reforzada. En su opinión, cuando la Administración dispone de un margen de apreciación técnica amplio, el deber de motivar no se atenúa, sino que se vuelve imprescindible para evitar la arbitrariedad.

Air Liquide afirma también que su oferta contenía un plan de ahorro y eficiencia especialmente completo, estructurado en ocho capítulos, con actuaciones detalladas y con una explicación de su incidencia en el consumo. Sin embargo, denuncia que el informe solo menciona algunos apartados de ese plan, en concreto los capítulos 2, 3 y 4, dejando sin referencia el resto. Esa omisión la lleva a sostener que el órgano de contratación o bien no analizó toda la oferta, o bien desestimó parte de ella sin explicación alguna. En ambos casos, a su juicio, se habría producido una incongruencia omisiva y una falta de motivación contraria a Derecho.

Dentro de esa crítica destaca de forma especial el apartado 1 de su propuesta, denominado Piping Connect. Monitorización de redes. Air Liquide afirma que se trata de una solución de alto nivel tecnológico, con prestaciones en monitorización, tratamiento de datos, generación de informes, gestión de alarmas y supervisión de instalaciones. Entiende que la valoración no reconoce suficientemente la funcionalidad de esa solución, y subraya que, a diferencia de lo ocurrido con otras ofertas, el informe no la califica en términos positivos ni explica por qué no merece una puntuación superior. Esa diferencia de trato, a su juicio, evidencia arbitrariedad y quiebra el principio de igualdad.

La impugnante también denuncia que el órgano de contratación habría desconocido el deber de valorar de manera independiente y separada el plan presentado por cada licitador, omitiendo considerar actuaciones similares o incluso superiores a las de otros competidores que sí fueron tenidas en cuenta. Con ello, considera que el informe favorece indebidamente a algunas ofertas y perjudica la suya sin justificación.

Por último, Air Liquide invoca la extralimitación del margen de discrecionalidad técnica. Aduce que el informe de valoración no puede ampararse en una apreciación libre y genérica cuando el pliego era escueto en la fijación de los criterios. A su juicio, el órgano de contratación, al no ofrecer una motivación precisa, habría sobrepasado los límites de la discrecionalidad técnica y emitido una decisión que no sirve como base legítima para la adjudicación.

Defensa del órgano de contratación

La Administración contratante rechaza íntegramente el planteamiento de la recurrente. Su defensa se articula sobre una idea central: la valoración se realizó estrictamente conforme a los criterios fijados en el PCAP, con una metodología homogénea y respetuosa con los principios de igualdad, objetividad y transparencia.

El órgano de contratación destaca que los criterios sujetos a juicio de valor estaban perfectamente definidos en el pliego y que todos los licitadores conocían de antemano tanto el contenido de las ofertas que debían formular como los aspectos objeto de valoración. Añade que ninguno de los licitadores presentó observaciones, solicitudes de aclaración ni impugnaciones previas sobre la configuración de esos criterios, lo que refuerza la idea de que fueron aceptados sin reserva.

En relación con el criterio controvertido, el órgano aclara que el PCAP no fijaba subcriterios ni puntuaciones parciales automáticas asociadas a actuaciones concretas. Tampoco exigía una valoración individualizada y exhaustiva de cada una de las medidas incluidas en las memorias técnicas. La metodología aplicada consistió, según explica, en una apreciación global de cada propuesta, atendiendo al alcance, la eficacia y la repercusión objetiva de las actuaciones ofertadas sobre el ahorro y la eficiencia en el consumo de gases medicinales.

La Administración insiste en que el informe técnico no pretende reproducir exhaustivamente el contenido de cada memoria, sino identificar aquellos elementos que, por exceder las exigencias mínimas del PPT, aportan un valor añadido susceptible de influir de forma directa y objetiva en la mejora de la eficiencia de las instalaciones. Por tanto, la ausencia de mención expresa a una solución concreta no significa que no hubiera sido examinada, sino que no se consideró un elemento diferenciador con suficiente incidencia para modificar la puntuación.

Además, el órgano de contratación rechaza que exista incongruencia omisiva o arbitrariedad. A su juicio, el criterio valoraba la repercusión real sobre el consumo, no la sofisticación tecnológica de la herramienta en sí misma. Por eso, algunas soluciones técnicamente avanzadas, pero con un efecto solo indirecto o limitado sobre el ahorro de gases, no alcanzaron mayor relevancia en la puntuación. En cambio, otras ofertas que incrementaban el número de puntos de medida o ampliaban de manera significativa la monitorización sí presentaban una relación más directa con el criterio de adjudicación.

Respecto de la solución Piping Connect, la Administración reconoce su elevado nivel tecnológico, pero señala que el criterio no premiaba la complejidad de una plataforma informática, sino su incidencia efectiva sobre la reducción del consumo. Subraya que la oferta de Air Liquide se ajustaba a los instrumentos mínimos exigidos por el PPT, pero no suponía una monitorización integral de la red más allá de tales mínimos. Frente a ello, otras ofertas sí incorporaban puntos adicionales de medición repartidos por la red, incrementando objetivamente el control y la capacidad de mejora de la eficiencia.

Por tanto, el órgano de contratación sostiene que el informe técnico sí está motivado, que la metodología fue uniforme y que no existe error material ni actuación discriminatoria. En definitiva, entiende que la impugnación pretende sustituir el criterio técnico del órgano especializado por una valoración alternativa de la recurrente, algo que no resulta admisible en el marco del control revisor.

Alegaciones de Messer Ibérica de Gases, S.A.U.

La adjudicataria, Messer, presenta alegaciones para oponerse al recurso y defender la validez de la adjudicación que le favorece. Aunque la resolución no expone con detalle pormenorizado cada uno de sus argumentos, sí deja constancia de que se adhirió a la postura del órgano de contratación y rechazó todos los motivos alegados por Air Liquide.

Su posición, en términos generales, consiste en afirmar que la adjudicación se produjo de forma plenamente ajustada a los pliegos y que no existe ningún defecto en la motivación del informe técnico. Messer defiende que la puntuación otorgada a su oferta responde a una valoración objetiva de sus prestaciones y de su capacidad para mejorar la eficiencia y el ahorro, de acuerdo con el criterio fijado en el PCAP y con los requerimientos mínimos del PPT.

La adjudicataria también se beneficia indirectamente de la confidencialidad declarada sobre parte de la documentación técnica de su oferta y de la de otros licitadores, aspecto que el Tribunal toma en consideración para rebajar el alcance de la comparación pretendida por la recurrente. En ese contexto, Messer se sitúa en la tesis de que la impugnación no aporta prueba suficiente de error ni de discriminación.

Decisión del Tribunal

El Tribunal comienza por examinar los presupuestos de admisibilidad del recurso. Confirma su competencia en virtud del artículo 46.1 LCSP y del artículo 59 de la Ley 1/2012, al tratarse de un recurso especial en materia de contratación dentro de su ámbito funcional. También verifica que el recurso es procedente por razón de la cuantía y del tipo contractual, dado que se impugna la adjudicación de un contrato mixto de suministro con valor estimado superior a 100.000 euros, cumpliéndose así lo previsto en el artículo 44.1.a y 44.2.c LCSP. Igualmente declara que la interposición se realizó dentro del plazo legal del artículo 50.1.d LCSP y que la representación de la recurrente quedó correctamente acreditada conforme al artículo 48 LCSP.

Superado ese primer examen, el Tribunal centra el debate en el fondo del asunto: si la adjudicación del lote 1 y el informe técnico de valoración se ajustaron a Derecho y a los pliegos. Parte de una premisa esencial: los pliegos constituyen la ley del contrato, conforme a los artículos 124 y 139.1 LCSP, y al artículo 68 del Real Decreto 1098/2001, por lo que tanto la Administración como los licitadores quedan vinculados por su contenido. Esa vinculación impide que el órgano de contratación altere unilateralmente las reglas de valoración y exige que la valoración se acomode a los criterios fijados previamente.

Sobre la discrecionalidad técnica, el Tribunal reitera la doctrina consolidada del Tribunal Supremo. Recuerda la sentencia de 14 de julio de 2000, que restringe el control a la inobservancia de elementos reglados y al error ostensible o manifiesto. Cita también la sentencia de 24 de julio de 2012, que vincula esa discrecionalidad con una presunción iuris tantum de certeza y razonabilidad, destruible solo si se acredita desviación de poder, arbitrariedad, ausencia de justificación o error patente. Añade la sentencia de 10 de mayo de 2017, que precisa que la discrecionalidad técnica no cubre cualquier decisión ni todos los aspectos de la adjudicación, sino solo aquellos que exigen un juicio propiamente técnico.

A partir de esa doctrina, el Tribunal delimita su propio papel: no puede sustituir el juicio técnico del órgano especializado por otro distinto, ni valorar si una oferta era mejor desde una perspectiva puramente técnica. Su función se reduce a comprobar si se han respetado las normas de competencia y procedimiento, si la valoración no es arbitraria ni discriminatoria y si no existe error material. Esa es la clave metodológica de toda la resolución.

En cuanto al deber de motivación, el Tribunal afirma que el informe no necesita un desarrollo exhaustivo o pormenorizado de cada detalle de cada oferta. Apoyándose en la jurisprudencia del Supremo de 25 de febrero de 1987, 12 de febrero de 1988 y 27 de mayo de 1988, concluye que la motivación es suficiente cuando permite conocer las razones del acto y defenderse frente a él, aunque sea de forma sucinta. La motivación breve no equivale a ausencia de motivación.

Aplicando ese criterio al caso concreto, el Tribunal considera que el informe técnico sí contiene referencias claras a los aspectos relevantes de cada propuesta. Observa que el órgano de contratación explicó que el método seguido consistió en verificar primero si la oferta cumplía o no las previsiones mínimas del PPT y, a partir de ahí, identificar si aportaba un valor añadido con incidencia objetiva en la mejora de la eficiencia y del ahorro de gases medicinales. Esa forma de evaluar se estima coherente con el tenor del pliego.

El Tribunal rechaza la tesis de la recurrente según la cual la omisión de mención expresa de algunas soluciones implica que no fueron analizadas. A su juicio, el informe no tenía por qué inventariar exhaustivamente todos los elementos del plan de ahorro, porque el propio pliego no exigía una relación minuciosa de cada actuación con puntuación separada. Lo que requería era una valoración global de las medidas concretas y de su impacto real.

De manera muy relevante, el Tribunal analiza la alegación relativa a Piping Connect. Monitorización de redes. La recurrente sostenía que esa solución era similar o superior a las ofrecidas por Messer y por Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., y que el informe no la trató con el mismo detalle. Sin embargo, el Tribunal observa que Air Liquide no aporta prueba alguna de esa supuesta equivalencia o superioridad. Además, recuerda que parte de la documentación técnica de otros licitadores había sido declarada confidencial por resolución de 17 de junio de 2026, lo que limitaba objetivamente la capacidad de comparación de la recurrente, al no poder examinar íntegramente esas ofertas.

Ese dato conduce al Tribunal a un razonamiento muy importante: no puede sostenerse la existencia de discriminación o desigualdad solo porque el informe no mencione expresamente una solución concreta si no se ha acreditado que dicha solución era realmente comparable en los términos invocados. La ausencia de referencia no significa, necesariamente, omisión de examen, sino que la propuesta no fue considerada diferenciadora en el nivel requerido por el criterio de adjudicación.

El Tribunal también da valor a la explicación técnica del órgano de contratación cuando señala que la oferta de Air Liquide contenía instrumentos mínimos de monitorización exigidos por el PPT, pero no una monitorización integral de la red con una ampliación tan intensa como la que presentaban otras licitadoras. En particular, se menciona que Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. incorporaba cinco nuevos equipos de medida respecto del mínimo exigido y que Messer instalaba diecisiete puntos adicionales. Esa diferencia cuantitativa y funcional refuerza la conclusión de que las ofertas mejor puntuadas tenían una incidencia más clara y directa sobre el ahorro real.

A la vista de todo ello, el Tribunal concluye que el informe técnico sí estaba motivado, aunque de forma sucinta, y que no se aprecia ni error material, ni arbitrariedad, ni infracción de los pliegos. Destaca expresamente que la recurrente no ha logrado destruir la presunción de acierto de los informes técnicos con una prueba en contrario suficiente. Por tanto, frente a las apreciaciones subjetivas de Air Liquide, prevalece el criterio del órgano especializado.

La consecuencia jurídica es la desestimación íntegra del recurso especial. En aplicación del artículo 57.3 LCSP, el Tribunal acuerda asimismo levantar la suspensión del procedimiento de adjudicación que había operado por la interposición del recurso. Ordena, además, la notificación de la resolución a todos los interesados y recuerda que, conforme al artículo 59 LCSP y al artículo 46.1 LJCA, la única vía ulterior es el recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde la notificación, de acuerdo con el artículo 10.1.k LJCA.

Conclusión

La resolución confirma la adjudicación del lote 1 a favor de Messer Ibérica de Gases, S.A.U. y cierra, en vía administrativa, la impugnación planteada por Air Liquide Healthcare España, S.L.. En términos prácticos, el efecto inmediato es claro: el procedimiento de contratación puede continuar su curso sin la suspensión derivada del recurso, de modo que la adjudicación queda plenamente eficaz en el plano administrativo y el órgano de contratación puede avanzar hacia la formalización o ejecución de las actuaciones que procedan.

Para Air Liquide, la decisión supone la pérdida de la posibilidad de obtener, en esta vía revisora, una retroacción del procedimiento para repetir la valoración técnica. El Tribunal no entra a sustituir la puntuación otorgada por otra distinta, ni aprecia motivo para anular la adjudicación o todo el expediente. Ello implica que la empresa solo conserva la opción de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa si desea mantener viva su pretensión.

Para el órgano de contratación y para la adjudicataria, la consecuencia es la consolidación de la puntuación obtenida y la validación del modelo de evaluación utilizado. El Tribunal avala que la valoración global de los planes de ahorro y eficiencia puede realizarse sin necesidad de un inventario exhaustivo de cada una de las medidas, siempre que el informe permita entender por qué determinadas ofertas aportan un valor añadido real respecto de los mínimos del pliego.

La resolución también tiene una dimensión relevante para el propio mercado de la contratación pública. Refuerza la idea de que los licitadores no pueden convertir el recurso especial en una segunda valoración técnica a su medida. Si desean atacar una adjudicación basada en juicio de valor, deben aportar indicios sólidos de error material, arbitrariedad o falta real de motivación. La mera discrepancia con la puntuación asignada o con el nivel de detalle del informe no basta.

Otro aspecto destacable es el peso que el Tribunal concede a la confidencialidad de parte de la documentación técnica de los competidores. Ese elemento limita la comparación directa y hace más difícil sostener una desigualdad de trato si el recurrente no puede acceder íntegramente a las ofertas ajenas por decisión válida del órgano de contratación. En la práctica, la resolución recuerda que la confidencialidad, cuando está correctamente acordada, tiene un impacto real en el alcance de la impugnación.

En definitiva, la repercusión inmediata del fallo es triple: se levanta la suspensión del expediente, se mantiene la adjudicación del lote 1 y se cierra la vía administrativa especial sin reconocimiento de infracción alguna. El Tribunal confirma así una línea interpretativa muy asentada sobre la discrecionalidad técnica, la suficiencia de la motivación sucinta y la fuerza vinculante de los pliegos como ley del contrato.

Impacto y Relevancia

Esta resolución no parece introducir un giro doctrinal, pero sí reafirma con mucha claridad varios criterios ya consolidados en la práctica de la contratación pública. Su principal impacto está en la seguridad jurídica, porque vuelve a subrayar que la revisión de las valoraciones técnicas no puede convertirse en un control de oportunidad ni en una sustitución del criterio del órgano especializado por el del recurrente.

Desde la perspectiva de la seguridad jurídica, el pronunciamiento aporta previsibilidad a las licitaciones con criterios subjetivos o de juicio de valor. El Tribunal deja claro que, si el pliego define el criterio con suficiente claridad y el informe técnico explica de manera razonable los aspectos relevantes, la motivación será bastante aunque no exista un desglose exhaustivo de cada detalle. Esto es especialmente importante en contratos complejos, como los sanitarios o los que incorporan tecnología y mantenimiento, donde la apreciación técnica tiene un componente inevitablemente cualitativo.

En materia de transparencia, la resolución muestra un equilibrio entre dos exigencias: por un lado, la Administración debe explicar por qué premia unas ofertas y no otras; por otro, no está obligada a transcribir íntegramente el contenido de las memorias ni a transformar el informe técnico en un catálogo completo de todas las propuestas. El Tribunal entiende que la transparencia no equivale a exhaustividad absoluta, sino a una motivación racional que permita comprender la decisión. Ese criterio protege al mismo tiempo la operatividad de la contratación y el derecho de defensa de los licitadores.

La decisión también confirma la vigencia de la doctrina sobre la discrecionalidad técnica, tanto en el ámbito del Tribunal Supremo como en el de los tribunales administrativos de recursos contractuales. La cita de las sentencias de 14 de julio de 2000, 24 de julio de 2012 y 10 de mayo de 2017, junto con las resoluciones 137/2019 y 164/2019, refuerza una línea muy asentada: el control externo se limita a detectar desviaciones formales, arbitrariedad, discriminación o error ostensible. Por tanto, la resolución no crea un precedente nuevo, sino que reafirma uno ya muy sólido.

Hay otro elemento de interés: el papel de la confidencialidad de parte de la documentación de los licitadores. La resolución sugiere que, si una oferta propia se compara con otras cuya documentación técnica ha sido declarada confidencial, el margen de crítica se reduce si no se aportan pruebas objetivas suficientes. Esto puede tener consecuencias prácticas en futuros recursos, porque obliga a la parte recurrente a construir con mayor precisión su argumentación, sin basarse únicamente en impresiones o en descripciones parciales de las ofertas rivales.

En cuanto a la proporcionalidad, aunque no se formula de manera autónoma como principio decisorio principal, subyace en el razonamiento del Tribunal. La respuesta revisora es proporcionada al tipo de vicio alegado: como no se detecta un defecto sustancial en la motivación ni un error material, no procede la drástica anulación total de la adjudicación ni mucho menos del procedimiento completo. La reacción jurisdiccional y administrativa se mantiene, así, dentro de límites estrictamente ajustados al problema jurídico planteado.

En términos de repercusión futura, la resolución puede servir de referencia en licitaciones donde el criterio de adjudicación no se base en fórmulas matemáticas sino en la evaluación técnica de mejoras o planes de optimización. Las empresas licitadoras deberán extremar el cuidado en dos planos. Primero, en la redacción de sus ofertas, para hacer visible la conexión entre cada medida propuesta y el criterio valorable. Segundo, en la eventual impugnación, aportando elementos concretos que evidencien un error real o una discriminación, porque la mera alegación de falta de detalle no será suficiente.

Por todo ello, la resolución confirma más que innova. Reafirma la posición clásica de los tribunales de recursos contractuales sobre la deferencia hacia la valoración técnica, insiste en la función delimitadora de los pliegos y consolida un estándar de motivación suficiente pero no exhaustivo. Su relevancia práctica es alta porque ofrece una guía clara para órganos de contratación y licitadores: en los criterios de juicio de valor, la motivación debe ser racional y comprensible, pero el recurso no prosperará si lo que realmente pretende es una valoración técnica alternativa sin prueba sólida de error o arbitrariedad.

Doctrina aplicada por el tribunal

Discrecionalidad técnica y alcance del control sobre la valoración de ofertas

El tribunal parte de que la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor corresponde al órgano de contratación dentro de su discrecionalidad técnica. Por ello, su función no es sustituir ese juicio técnico por otro propio, sino verificar que la evaluación se haya realizado con respeto a las reglas del expediente y sin incurrir en arbitrariedad, discriminación o error material manifiesto. Esta idea se aplica de forma directa al examen del criterio "Plan de ahorro y eficiencia", respecto del que el tribunal rechaza entrar a reconsiderar la puntuación desde una óptica puramente técnica.

Para sostener este enfoque, el tribunal acude a la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, en particular a las sentencias de 14 de julio de 2000, 24 de julio de 2012 y 10 de mayo de 2017 (Rec. 2504/2015), y también a sus propias resoluciones 137/2019, de 17 de septiembre, y 164/2019, de 30 de octubre. Con base en esa doctrina, recuerda que el control jurisdiccional o cuasi jurisdiccional de la valoración queda limitado a comprobar la observancia de los elementos reglados, la existencia de motivación suficiente y la ausencia de error ostensible o trato arbitrario.

Pliegos como ley del contrato y aplicación del criterio "Plan de ahorro y eficiencia"

El tribunal vincula su análisis al contenido del PCAP y del PPT, que considera la ley del contrato. En ese marco, destaca que el apartado 16 del cuadro de características fijaba como criterio de adjudicación el "Plan de ahorro y eficiencia", con un máximo de 12 puntos, valorándose "las actuaciones concretas que pretendan implementar y su repercusion en el consumo de gases medicinales". A su vez, la cláusula 4.5 del PPT exigía que las empresas presentaran un plan por lote, describiendo las medidas a implantar, las soluciones técnicas aportadas y aquellas que complementaran las exigencias mínimas, detallando técnicamente su funcionalidad.

Sobre esa base, el tribunal entiende que la evaluación no debía centrarse en una enumeración exhaustiva de todas las medidas ofertadas, sino en comprobar si cada propuesta iba más allá de los mínimos del PPT y aportaba un valor añadido con incidencia directa y objetiva sobre la eficiencia y el consumo. En consecuencia, concluye que la valoración global realizada por el órgano de contratación se ajustó a los pliegos y que las ofertas debían ser apreciadas conforme a esos parámetros, sin alterar unilateralmente el contenido contractual previamente aceptado por los licitadores.

Motivación suficiente del informe técnico, transparencia y presunción de acierto

La resolución rechaza que el informe técnico incurra en falta de motivación o incongruencia omisiva. El tribunal razona que la motivación no tiene por qué ser exhaustiva ni describir uno por uno todos los elementos de cada oferta, sino que basta con que sea racional, sucinta y suficiente para permitir a los licitadores conocer las razones de la puntuación y defender sus derechos. Aplica así la doctrina del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1987, 12 de febrero de 1988 y 27 de mayo de 1988, según la cual la brevedad no equivale a ausencia de motivación.

Con ese criterio, considera que el informe sí identifica los aspectos relevantes de cada propuesta y explica, al menos de forma sucinta, por qué determinadas soluciones no se estimaron diferenciadoras a efectos de puntuación. El tribunal subraya además que la ausencia de mención expresa a una solución técnica no significa que no haya sido examinada, sino que pudo no tener relevancia bastante para alterar el resultado final. En el caso de la solución "Piping Connect. Monitorización de redes", añade que la recurrente no aportó prueba suficiente de su equivalencia o superioridad respecto de otras ofertas y que, además, parte de la documentación de competidores había sido declarada confidencial, lo que impedía una comparación directa.

Desde esa perspectiva, prevalece la presunción de acierto y veracidad del informe técnico, que solo puede destruirse con prueba suficiente de error manifiesto, arbitrariedad o discriminación. Como la recurrente se limitó a oponer valoraciones subjetivas sin acreditar esos extremos, el tribunal concluye que no existe vulneración de los principios de igualdad, transparencia u objetividad, ni base para anular la adjudicación.

Conclusión Doctrinal

• El tribunal reafirma que la valoración técnica de criterios sujetos a juicio de valor solo es revisable en sus aspectos reglados, formales y de razonabilidad.
• Declara que los pliegos fijan el marco vinculante de valoración y que el criterio "Plan de ahorro y eficiencia" debía medirse por su incidencia real en el consumo y la eficiencia.
• Considera suficiente una motivación sucinta si permite comprender las razones esenciales de la puntuación.
• Niega que la omisión de una referencia expresa a una solución técnica implique por sí sola falta de examen o arbitrariedad.
• La consecuencia práctica es que futuras impugnaciones deberán aportar prueba concreta de error manifiesto, trato discriminatorio o desconexión con los pliegos, sin que baste la mera discrepancia técnica del licitador.

Doctrina - Jurisprudencia - Legislación

Resoluciones

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León

• Resolución 195/2026, de 13 de agosto.
• Resolución 137/2019, de 17 de septiembre.
• Resolución 164/2019, de 30 de octubre.

Resoluciones administrativas citadas en el expediente

• Resolución de 17 de junio de 2026, de la directora gerente del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Sentencias

Tribunal Supremo

• Sentencia de 14 de julio de 2000.
• Sentencia de 24 de julio de 2012.
• Sentencia de 10 de mayo de 2017, Rec. 2504/2015.
• Sentencia de 25 de febrero de 1987.
• Sentencia de 12 de febrero de 1988.
• Sentencia de 27 de mayo de 1988.

Legislación

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP): artículos 44.1.a, 44.2.c, 46.1, 48, 50.1.d, 57, 57.3, 59, 124 y 139.1.
• Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras: artículos 59 y 61.
• Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA): artículos 46.1 y 10.1.k.
• Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: artículo 68 y artículo 68.1.