Resumen de la Resolución 1627/2026 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Resumen de la Resolución

La Resolución 1627/2026, dictada por la Sección 2 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el 15 de octubre de 2026, resuelve un recurso especial en materia de contratación interpuesto por SMITH & NEPHEW, S.A.U., representada por D. S.P.D., contra dos actos estrechamente vinculados del procedimiento de contratación del suministro de material fungible de artroscopia para Unión de Mutuas, MCSS n. 267: por un lado, la exclusión de su proposición por presunto incumplimiento de una exigencia técnica del pliego; y, por otro, la adjudicación del contrato a ARTHREX ESPAÑA, S.L..

El núcleo del litigio gira en torno a una cuestión técnica de gran relevancia práctica en contratación pública: si el material ofertado por la recurrente podía considerarse conforme con el pliego de prescripciones técnicas al incorporar una supuesta capacidad de ángulo variable en las ópticas, o si, por el contrario, lo que ofrecía era únicamente una simulación digital del ángulo de visión mediante software o zoom digital, sin una variación física real del ángulo de la óptica. El tribunal parte de la literalidad del pliego y concluye que la exigencia técnica recaía sobre las ópticas de visión directa, no sobre una funcionalidad informática o de consola. Por ello, avala la interpretación del órgano de contratación y del informe técnico de valoración, que apreciaron un incumplimiento técnico claro de la oferta de SMITH & NEPHEW, S.A.U..

Desde el punto de vista normativo, la resolución aplica de forma expresa y central la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), con referencia específica a los artículos 44.1 a), 44.2 b) y c), 47.1, 48, 50.1 c) y d), 53, 56, 57.3 y 58.2. También menciona la vía jurisdiccional posterior prevista en los artículos 11.1 f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El tribunal pone especial énfasis en la fuerza vinculante de los pliegos una vez firmes, en la discrecionalidad técnica del órgano gestor cuando interpreta requisitos técnicos especializados y en la ausencia de indicios de error material, arbitrariedad, discriminación o vulneración de los principios de contratación pública.

El resultado final es la desestimación íntegra del recurso, con la consiguiente confirmación de la exclusión de SMITH & NEPHEW, S.A.U. y la confirmación indirecta de la adjudicación a favor de ARTHREX ESPAÑA, S.L.. Además, el tribunal acuerda el levantamiento de la suspensión automática del procedimiento de contratación acordada al admitirse a trámite el recurso y declara que no existe mala fe ni temeridad, por lo que no procede imponer multa alguna a la recurrente conforme al artículo 58.2 LCSP.

En términos jurídicos y prácticos, la resolución reafirma una idea de enorme relevancia en la contratación pública: cuando el pliego exige una prestación técnica concreta y el licitador ofrece un sistema distinto que solo reproduce funcionalmente el resultado de forma simulada, sin acreditar que cumpla la exigencia material del pliego, el órgano de contratación puede excluir la oferta sin incurrir por ello en arbitrariedad, siempre que su conclusión esté respaldada por un informe técnico razonado y no se observe un error patente.

Detalles Generales de la Resolución

• Número de Resolución: 1627/2026, correspondiente a la Sección 2 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En el encabezamiento también aparece el dato de Recurso n. 967/2026, lo que permite identificar el expediente interno del recurso especial resuelto por el tribunal.

• Fecha: La resolución se dicta en Madrid, el 15 de octubre de 2026. El texto indica expresamente que fue adoptada en sesión de esa misma fecha. Además, consta un antecedente procedimental relevante posterior a la interposición del recurso: la resolución de 18 de junio de 2026 de la Secretaría General del Tribunal, por delegación, que acordó mantener la suspensión del expediente de contratación.

• Tribunal: El órgano resolutor es el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, concretamente su Sección 2. La resolución final aparece firmada por la Presidenta y los Vocales, aunque el texto facilitado no identifica nominalmente a los miembros que intervinieron en la deliberación y adopción del acuerdo. Se trata, por tanto, de un órgano administrativo especializado en recursos contractuales del ámbito estatal.

• Expediente: La resolución identifica como expediente de contratación el 119/2025. Conviene señalar que en uno de los informes reproducidos en el relato de antecedentes aparece una referencia a 119/2026, lo que parece una inconsistencia material o errata interna del informe; sin embargo, el expediente correcto y reiterado en el propio recurso y en el fallo es 119/2025.

• Organismo: El órgano de contratación es Unión de Mutuas, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n. 267. La resolución no detalla una consejería, ministerio o administración autonómica, sino un poder adjudicador del ámbito de la Seguridad Social colaboradora, integrado en el sector público y sometido a la LCSP.

• Objeto del Contrato: El contrato tiene por objeto el suministro de material fungible de artroscopia para Unión de Mutuas, MCSS n. 267. Se trata de un suministro especializado vinculado a equipamiento médico y quirúrgico de artroscopia, con especial atención a las ópticas de visión directa y a sus características técnicas, entre ellas la disponibilidad de ángulo variable. La resolución evidencia que el pliego no se limitaba a una descripción genérica del material, sino que imponía prescripciones concretas y muy técnicas sobre el tipo de óptica exigible.

• Partes Intervinientes:

  • Recurrente: SMITH & NEPHEW, S.A.U., representada por D. S.P.D., que actúa en nombre de la mercantil en virtud de apoderamiento.
  • Adjudicataria: ARTHREX ESPAÑA, S.L., que resultó adjudicataria del contrato tras obtener la máxima puntuación.
  • Órgano de contratación: Unión de Mutuas, MCSS n. 267.
  • Órgano técnico interviniente: la mesa de contratación y el técnico especialista que emitió el informe de valoración de 4 de mayo de 2026, decisivo para sustentar la exclusión.
  • Otros intervinientes: el otro licitador del procedimiento, ARTHREX ESPAÑA, S.L., fue trasladado para formular alegaciones en el recurso, pero no presentó escrito de oposición.

• Importe de Licitación: La licitación se publicó con un valor estimado de 2.340.880 euros. La adjudicación se acordó a favor de ARTHREX ESPAÑA, S.L. por un importe de 585.220 euros, IVA excluido, para la vigencia inicial del contrato. La resolución no aporta el presupuesto base de licitación ni desglosa el valor de la oferta de la recurrente, pero sí deja constancia del valor estimado global y del importe de adjudicación finalmente acordado.

• Comunidad Autónoma: La resolución no identifica expresamente una Comunidad Autónoma concreta como marco territorial del procedimiento. El litigio se inserta en el ámbito estatal de control de recursos contractuales, al tratarse de un acto de un poder adjudicador del sector público estatal a efectos del artículo 47.1 LCSP. No obstante, por la denominación de la entidad adjudicadora y por el contexto de una mutua colaboradora con la Seguridad Social, la resolución se encuadra materialmente en un entorno de gestión sanitaria o asistencial de implantación territorial amplia, sin que el texto permita fijar una comunidad autónoma específica como elemento normativo relevante.

Antecedentes de la resolución

La secuencia factual del expediente está claramente delimitada en la resolución y permite reconstruir de forma precisa cómo se desarrolló la licitación hasta llegar al recurso especial.

La primera fase arranca con la publicación de la licitación el 4 de marzo de 2026 en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El contrato se tramitó por procedimiento abierto y con la calificación de sujeto a regulación armonizada, lo que revela la relevancia económica y jurídica del contrato y su sometimiento a las reglas más intensas de transparencia, publicidad y concurrencia de la LCSP. El valor estimado del contrato se fijó en 2.340.880 euros, lo que sitúa el expediente claramente por encima del umbral que habilita el recurso especial en materia de contratación para contratos de suministro.

Una vez abierto el procedimiento y dentro del plazo concedido en el anuncio, se presentaron solo dos proposiciones: la de ARTHREX ESPAÑA, S.L. y la de SMITH & NEPHEW, S.A.U.. La escasa concurrencia no altera la regularidad formal del procedimiento, pero sí contextualiza la importancia de la fase de valoración técnica, porque la exclusión de una de las dos ofertas determinaba, en la práctica, que la otra quedara como única candidata viable para la adjudicación.

El siguiente hito relevante se produjo el 17 de abril de 2026, cuando la mesa de contratación requirió a ambos licitadores la presentación de muestras. Este requerimiento es relevante porque muestra que la valoración técnica no se limitó a la revisión documental, sino que incluyó la comprobación física o material de los productos ofertados para verificar si cumplían los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. En otras palabras, el órgano de contratación activó un mecanismo de contraste técnico que refuerza la objetividad del examen y reduce el margen de controversia sobre la adecuación real del suministro ofertado.

Tras ese examen, se emitió un informe técnico de 4 de mayo de 2026. Dicho informe concluyó que la oferta de SMITH & NEPHEW, S.A.U. debía ser excluida porque, a juicio del técnico, la documentación aportada indicaba la existencia de una capacidad de ángulo variable en la memoria técnica, pero las fichas técnicas examinadas solo describían ópticas de ángulo fijo. El informe subrayaba que no constaba la disponibilidad de ópticas con ángulo variable conforme a lo exigido en el pliego. Por contraste, se consideró que la oferta de ARTHREX ESPAÑA, S.L. sí se ajustaba a las prescripciones técnicas.

A continuación, el 12 de mayo de 2026, el órgano de contratación adoptó el acuerdo formal de adjudicación del contrato a favor de ARTHREX ESPAÑA, S.L., a la que atribuyó la máxima puntuación posible, 100 puntos sobre 100. En el mismo acto, acordó también la exclusión de SMITH & NEPHEW, S.A.U., con base en el informe técnico de 4 de mayo, por entender que la oferta no cumplía la totalidad de los requisitos técnicos mínimos establecidos en los pliegos. Este doble acto es crucial, porque la exclusión y la adjudicación se presentan como dos decisiones inseparables: la exclusión de una oferta técnicamente no conforme facilita, de forma directa, la adjudicación al otro licitador.

El 2 de junio de 2026, SMITH & NEPHEW, S.A.U. interpuso ante el registro electrónico del Tribunal un recurso especial en materia de contratación, dirigido simultáneamente contra su exclusión y contra la adjudicación. El recurso se fundamentó en un único motivo esencial: el órgano de contratación habría interpretado erróneamente el informe técnico, porque el equipo ofertado sí incorporaba, según la recurrente, una verdadera capacidad de ángulo variable. La empresa sostuvo que esa capacidad derivaba del sistema de zoom digital, que permitiría variar el ángulo efectivo de visión, y aportó como apoyo un apartado de la memoria técnica denominado catálogo de artroscopios, además de invocar las instrucciones de uso del equipo.

Tras la interposición del recurso, la Secretaría General del Tribunal requirió al órgano de contratación la remisión del expediente y del informe del artículo 56 LCSP. El órgano de contratación defendió la exclusión y sostuvo que lo que exigía el pliego era la disponibilidad de distintas ópticas y, en particular, una variación física del ángulo, no una simulación digital ni una mera función de software. Subrayó, además, que el propio solicitante había pedido información adicional y que se le había aclarado que la capacidad de ángulo variable debía residir en la óptica y no en el software.

Posteriormente, el Tribunal dio traslado del recurso al otro interesado, esto es, a ARTHREX ESPAÑA, S.L., para que pudiera formular alegaciones. Sin embargo, la adjudicataria no presentó alegaciones. Este dato es relevante porque la controversia quedó, en la práctica, circunscrita al enfrentamiento entre la recurrente y el órgano de contratación, sin contradicción adicional por parte de la empresa beneficiaria de la adjudicación.

Por último, en resolución de 18 de junio de 2026, la Secretaría General del Tribunal, por delegación, acordó mantener la suspensión del expediente de contratación producida por la interposición del recurso, al amparo del artículo 53 LCSP. Se dejó expresamente para la resolución final del recurso la decisión sobre el levantamiento de la suspensión conforme al artículo 57.3 LCSP. Este extremo evidencia que el procedimiento quedó paralizado durante la tramitación del recurso para evitar que una eventual adjudicación o formalización prematura hiciera irreparable la controversia.

Argumentos de las partes

La posición de la recurrente, SMITH & NEPHEW, S.A.U., fue técnicamente centrada y jurídicamente sencilla, pero de notable alcance práctico. Su tesis principal consistió en sostener que el informe técnico había incurrido en un error de apreciación al entender que la oferta no incluía la capacidad de ángulo variable. La empresa defendió que sí había aportado documentación en la que constaba que el equipo disponía de esa funcionalidad, concretamente en el documento de catálogo de artroscopios y en las instrucciones de uso, donde se indicaba que las ópticas tenían un ángulo de visión estándar de 115 grados y que el zoom digital permitía variar el ángulo efectivo de visión.

Desde la perspectiva del recurrente, ese dato bastaba para concluir que el producto ofertado satisfacía la exigencia del pliego. Su razonamiento se apoyó en una idea jurídica de fondo: no puede acordarse una exclusión cuando no existe un incumplimiento claro, expreso y terminante del pliego. En su criterio, el hecho de que la óptica no variase físicamente no impedía considerar cumplida la prestación si el sistema global del equipo lograba el mismo resultado funcional mediante una variación digital del ángulo de visión. En consecuencia, la exclusión carecería de fundamento, y la adjudicación subsiguiente quedaría también viciada por arrastre.

La recurrente, por tanto, no discutió la competencia del órgano de contratación ni la legalidad formal del procedimiento, sino la interpretación sustantiva de la exigencia técnica. En esencia, pretendía que el tribunal reconociera que el software podía operar como equivalente funcional de una óptica de ángulo variable. Esa era la clave del recurso: no tanto una discrepancia documental, sino una discusión sobre el significado técnico-jurídico de la expresión usada en el pliego.

Por su parte, el órgano de contratación articuló una defensa más robusta en términos de literalidad del pliego y especialidad técnica. En su informe al amparo del artículo 56 LCSP, sostuvo que el pliego exigía expresamente una óptica de ángulo variable y que la oferta de SMITH & NEPHEW, S.A.U. no ofrecía eso, sino una fórmula distinta: un zoom digital con situación de variación de ángulo. La diferencia no era semántica sino material. El órgano explicó que esa solución no mostraba la imagen captada desde otro ángulo real, sino que realizaba una simulación digital sobre una imagen captada por una óptica de ángulo fijo.

La defensa del órgano de contratación se apoyó en dos ideas complementarias. La primera fue que el pliego, ya consentido y firme, exigía disponibilidad de distintas ópticas o variación física del ángulo, y no una simulación digital ni una función de la consola de la cámara. La segunda fue que esa interpretación estaba confirmada por el informe técnico emitido por la unidad competente, que conocía de forma especializada ese tipo de aparatos. El órgano añadió que, además, el propio licitador había pedido información adicional y había recibido una respuesta clara: la óptica, y no el software, debía tener capacidad de ángulo variable. Con ello, la administración contratante trató de cerrar el paso a cualquier lectura extensiva o funcionalista del requisito técnico.

En cuanto a la adjudicataria, ARTHREX ESPAÑA, S.L., la resolución deja constancia de que fue llamada al procedimiento de recurso, pero no formuló alegaciones. Por tanto, no consta en la decisión una defensa activa de su posición ni un desarrollo autónomo de argumentos propios. Su silencio procesal no implica aceptación expresa de la tesis del recurrente ni del órgano de contratación, pero sí dejó expedita la labor del tribunal para resolver la controversia con base en la documentación administrativa y en los razonamientos de las partes comparecientes.

Un aspecto importante es que el tribunal señala que la cuestión se limita a una diferencia interpretativa sobre el alcance de una cláusula del PPT. No estamos ante una impugnación de criterios subjetivos de puntuación ni ante una discusión sobre la discrecionalidad de la adjudicación económica, sino ante la verificación del cumplimiento de una exigencia mínima técnica. Eso explica por qué la controversia se resuelve desde la óptica de la interpretación de los pliegos, de la prueba técnica aportada y de la deferencia a la apreciación especializada del órgano gestor.

Decisión del Tribunal

El Tribunal dicta una decisión clara: desestima el recurso interpuesto por SMITH & NEPHEW, S.A.U. y, con ello, confirma tanto la exclusión de su oferta como la adjudicación del contrato a ARTHREX ESPAÑA, S.L.. La resolución se apoya en una argumentación breve pero contundente, asentada en la interpretación literal y sistemática del pliego, en la valoración del informe técnico y en la inexistencia de vicios jurídicos apreciables en la decisión administrativa.

En primer lugar, el tribunal afirma su competencia sobre la base del artículo 47.1 LCSP, al tratarse de un acto de un poder adjudicador del ámbito del sector público estatal. Después, reconoce la tempestividad del recurso conforme al artículo 50.1 c) y d) LCSP, al haberse presentado dentro del plazo de 15 días hábiles. También declara que el contrato, por su objeto y cuantía, es susceptible de recurso especial conforme al artículo 44.1 a) LCSP, y que tanto el acto de exclusión como el de adjudicación son impugnables según el artículo 44.2 b) y c) LCSP.

El tribunal añade un matiz importante: aunque formalmente el recurso se dirige también contra la adjudicación, su contenido real se centra en la exclusión. La impugnación de la adjudicación queda, en la práctica, subordinada al eventual éxito del ataque a la exclusión. Es decir, si la exclusión decae, la adjudicación también podría verse afectada; pero si la exclusión se confirma, la adjudicación permanece incólume. Esa precisión muestra que el tribunal entiende la controversia como una unidad lógica, pero condicionada por la validez del primer acto.

En cuanto a la legitimación, el tribunal la reconoce a favor de la recurrente por su condición de licitador excluido, con apoyo en el artículo 48 LCSP. Además, constata que el recurso está suscrito por quien ostenta poder de representación de la empresa, de modo que no existe objeción formal a su interposición.

El núcleo del razonamiento del tribunal se encuentra en la interpretación del pliego. El tribunal observa que el PPT, en el apartado relativo a la óptica como accesorio del equipo de artroscopia, establece que las ópticas de visión directa deben ser endoscopios rígidos de alta definición y que deben estar disponibles con capacidad de ángulo variable. Para el tribunal, la palabra disponibles se refiere con claridad a las ópticas de visión directa mencionadas inmediatamente antes. No está, por tanto, vinculada al software, a la consola o a las funciones digitales del equipo. Esta lectura es esencial, porque el tribunal rechaza la tesis de que cualquier mecanismo que permita simular un cambio de ángulo pueda considerarse suficiente.

A partir de ahí, el tribunal considera que el equipo ofertado por SMITH & NEPHEW, S.A.U. no presenta una óptica de ángulo variable real, sino una simulación por software que permite obtener una imagen simulada y no directa. En consecuencia, no puede reputarse equivalente a la imagen procedente de una óptica de ángulo variable en sentido estricto. El tribunal respalda esta conclusión en el informe del técnico especialista del órgano de contratación, a quien atribuye conocimiento especializado en la materia y de quien destaca su discrecionalidad técnica. No aprecia indicios de que dicho informe contenga error material, arbitrariedad, discriminación o lesión de los principios de la contratación pública.

Este punto es central en la resolución. El tribunal no entra a sustituir el criterio técnico por uno propio, sino que verifica si la conclusión administrativa es razonable y jurídicamente defendible. Como no aprecia desviación manifiesta ni infracción de la igualdad o de la concurrencia, decide no corregir la valoración técnica. Así, confirma la legalidad de la exclusión y, por conexión, la adjudicación.

El fallo se completa con tres pronunciamientos adicionales de gran importancia procesal. Primero, acuerda el levantamiento de la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con el artículo 57.3 LCSP, lo que permite la reanudación del expediente. Segundo, declara que no concurre mala fe ni temeridad en la interposición del recurso, por lo que no impone la multa prevista en el artículo 58.2 LCSP. Tercero, recuerda que la resolución es definitiva en vía administrativa y que solo cabe impugnarla en vía contencioso-administrativa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, conforme a los artículos 11.1 f) y 46.1 de la Ley 29/1998.

En suma, el tribunal asume plenamente la tesis del órgano de contratación: el pliego exigía una prestación técnica específica, la oferta de la recurrente no la acreditó en esos términos y la exclusión fue, por tanto, ajustada a Derecho.

Conclusión

La consecuencia práctica inmediata de esta resolución es muy clara: SMITH & NEPHEW, S.A.U. permanece excluida del procedimiento, mientras que ARTHREX ESPAÑA, S.L. conserva la adjudicación del contrato de suministro. La decisión del tribunal no reabre la fase de valoración ni obliga a reconsiderar la puntuación técnica, porque la exclusión se declara conforme a Derecho y se ratifica la validez del acto de adjudicación derivado de esa exclusión.

En términos operativos, el órgano de contratación queda habilitado para levantar la suspensión y continuar con la tramitación ordinaria del expediente hasta su eventual formalización y ejecución, si ya no existen otras incidencias procedimentales. Para la recurrente, la resolución significa que no será readmitida en el proceso de adjudicación por esta vía administrativa y que, si desea seguir litigando, deberá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional dentro del plazo legal de dos meses.

Una de las consecuencias más destacables es que el tribunal deja intacta la valoración técnica basada en el informe especializado. Eso refuerza la idea de que en contratos con fuerte contenido tecnológico o sanitario la interpretación de las prescripciones técnicas no se sustituye fácilmente por una lectura alternativa del licitador, especialmente cuando el órgano de contratación ha precisado de forma expresa qué elemento del equipo debe cumplir la funcionalidad exigida. Aquí, la clave no era si el producto permitía obtener una imagen útil o equivalente en sentido amplio, sino si la óptica disponía realmente de la capacidad física de ángulo variable exigida en el pliego.

Otro efecto inmediato es que el recurso no comporta sanción económica. El tribunal, aunque desestima íntegramente la impugnación, rechaza apreciar mala fe o temeridad, por lo que no impone la multa del artículo 58.2 LCSP. Este extremo es relevante porque evita que la desestimación se traduzca en un castigo adicional para la recurrente, algo que habría podido suceder si el tribunal hubiera considerado que el recurso se utilizó con fines dilatorios o manifiestamente infundados.

Desde la perspectiva de la contratación pública, la resolución transmite dos mensajes muy claros. Primero, que los pliegos técnicos deben ser leídos de forma estricta y coherente con su estructura interna. Segundo, que la administración puede apoyarse legítimamente en la discrecionalidad técnica de sus órganos especializados cuando la controversia exige valorar prestaciones complejas de naturaleza científica o médica. En este caso, el tribunal no detecta ningún dato que justifique apartarse del criterio técnico de la entidad contratante.

Impacto y Relevancia

Esta resolución tiene un impacto notable en tres planos: la seguridad jurídica, la transparencia del procedimiento y la interpretación de los pliegos técnicos en contratos sanitarios o de alta especialización.

En materia de seguridad jurídica, la resolución reafirma que los pliegos constituyen la ley del contrato y que su contenido debe interpretarse según su literalidad, su contexto y su finalidad técnica. El tribunal no admite una reconstrucción flexible del requisito para acomodarlo a una funcionalidad digital distinta de la expresamente pedida. Eso aporta previsibilidad a los operadores económicos: si el pliego exige una óptica de ángulo variable, no basta con que el sistema produzca un efecto visual parecido mediante software. La exigencia técnica debe cumplirse en los términos en que fue definida por el órgano de contratación.

Desde la óptica de la transparencia, la resolución muestra una trazabilidad clara de todo el procedimiento: publicación de la licitación, presentación de ofertas, solicitud de muestras, informe técnico, adjudicación, recurso, contradicción e impugnación. El expediente aparece estructurado de forma que permite reconstruir el itinerario seguido hasta la exclusión. Además, la respuesta del órgano de contratación a la consulta formulada por el licitador refuerza la idea de que no existía ambigüedad deliberada, sino una interpretación consistente del requisito técnico. Esto es importante porque las controversias sobre pliegos técnicos suelen nacer precisamente de cláusulas imprecisas o de lecturas divergentes de términos especializados.

En cuanto al criterio interpretativo, la resolución no introduce una doctrina radicalmente nueva, pero sí reafirma con contundencia un criterio muy consolidado en materia de contratación pública: la amplia deferencia del tribunal hacia la discrecionalidad técnica de los órganos especializados, siempre que esta no incurra en error material, arbitrariedad, discriminación o lesión de los principios de contratación. En este caso, el tribunal expresa de manera explícita que no aprecia ninguno de esos vicios, por lo que da por buena la valoración del técnico especialista. Ese enfoque resulta especialmente relevante en contratos de suministro médico, donde la distancia entre una prestación técnica real y una simulación funcional puede ser decisiva.

La resolución también tiene relevancia en relación con el principio de proporcionalidad. Aunque no lo cita de forma expresa como eje autónomo del fallo, la lógica subyacente es proporcional: no se sanciona a la empresa ni se descalifica el procedimiento entero, sino que se aplica la consecuencia prevista por incumplir una exigencia técnica mínima. El tribunal no amplía el alcance del pliego ni flexibiliza la exigencia para evitar una exclusión, porque hacerlo supondría desnaturalizar la competencia entre licitadores. En este sentido, la resolución favorece una contratación pública más rigurosa, en la que el cumplimiento técnico exacto de lo pedido sigue siendo una condición de acceso real a la adjudicación.

Conviene destacar, además, que la resolución sirve como advertencia para futuros licitadores: cuando la documentación técnica combine elementos de hardware y software, debe extremarse la precisión al demostrar qué parte del equipo cumple exactamente la exigencia del pliego. Si el pliego pide una prestación física del dispositivo, no es seguro que una función digital equivalente sea admisible, salvo que el pliego lo permita expresamente o que la equivalencia quede técnicamente acreditada de modo incuestionable. Este caso demuestra que la equivalencia funcional, por sí sola, no siempre basta frente a una exigencia técnica literal y especializada.

En cuanto a si crea precedente, la resolución no parece establecer un criterio novedoso que modifique de forma sustancial la doctrina existente, pero sí reafirma una línea interpretativa muy útil para casos futuros: la de que el contenido técnico de un pliego debe respetarse en su propia terminología y que la sustitución de una prestación por otra diferente, aunque pueda producir un resultado parecido, no equivale automáticamente a cumplimiento. Por ello, su valor práctico es alto, aunque no innovador en sentido estricto.

En suma, la resolución fortalece la confianza en la contratación pública al dejar claro que la administración y el tribunal controlan con rigor el cumplimiento de las exigencias técnicas, sin rebajar su nivel para favorecer una interpretación expansiva de la oferta. También ofrece una pauta útil para el futuro: en procedimientos con productos médicos de alta especialización, la literalidad del pliego y el respaldo técnico especializado seguirán teniendo un peso decisivo frente a alegaciones basadas en equivalencias digitales o funcionales no expresamente previstas.

Doctrina aplicada por el tribunal

Ámbito del recurso y efecto de la exclusión sobre la adjudicación

La resolución se sitúa en una licitación tramitada como procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dictada para transponer las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Sobre ese marco, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales encuadra el debate en los supuestos de recurso especial previstos en el artículo 44.1 a) y en el artículo 44.2 b) y c) de la LCSP, y destaca que, aunque el recurso se formula también contra la adjudicación, su verdadero núcleo es la impugnación de la exclusión. Por ello, la eventual estimación sobre la exclusión habría arrastrado automáticamente la adjudicación, mientras que su confirmación deja firme esta última en lo esencial.

Interpretación de la prescripción técnica del PPT

El Tribunal analiza la cláusula del PPT relativa a la "óptica (accesorio equipo de artroscopia)" y concluye que la exigencia de que las ópticas estén "disponibles con capacidad de ángulo variable" se refiere a las propias "ópticas de visión directa" mencionadas en el párrafo anterior. La interpretación se apoya en la literalidad del pliego y en su ubicación sistemática dentro del apartado técnico de óptica, no en el bloque de funciones configurables del software. Con ello, el Tribunal descarta que pueda trasladarse esa exigencia a una prestación informática o a la consola del sistema.

Inexistencia de equivalencia entre la óptica exigida y el zoom digital

A partir de las alegaciones de la recurrente y del informe del órgano de contratación, el Tribunal afirma que el equipo ofertado no incorpora una óptica con capacidad real de ángulo variable, sino una simulación por software o un "zoom digital" que permite visualizar una imagen captada en un ángulo fijo. Esa funcionalidad no se considera equivalente a la exigencia del pliego, porque no supone una variación física del ángulo ni acredita una sustitución funcional real de la óptica solicitada. En consecuencia, el Tribunal confirma que la oferta no satisface la prescripción técnica mínima y que la exclusión resulta ajustada al contenido del PPT.

Control limitado sobre el criterio técnico especializado

La resolución otorga relevancia decisiva al informe emitido por el técnico especialista del órgano de contratación, a quien reconoce un margen de apreciación propio de su especialización. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales declara que, al no apreciar error material, arbitrariedad, discriminación ni vulneración de los principios de la contratación pública, no procede sustituir el criterio técnico por el del recurrente. Desde esa premisa, asume la conclusión del informe técnico y valida la exclusión acordada, lo que a su vez confirma la adjudicación realizada a favor de la otra licitadora.

Efectos de la desestimación: suspensión y ausencia de mala fe

La desestimación del recurso lleva al levantamiento de la suspensión del procedimiento de contratación acordada con ocasión de la impugnación, de conformidad con el artículo 57.3 de la LCSP. Además, el Tribunal declara expresamente que no aprecia mala fe ni temeridad en la interposición del recurso, por lo que no impone la multa prevista en el artículo 58.2 de la LCSP. La resolución, por tanto, cierra el conflicto sin sanción procesal para la parte recurrente.

Conclusión Doctrinal

• El Tribunal interpreta la cláusula técnica conforme a su literalidad y a su ubicación en el PPT, vinculando la exigencia de "ángulo variable" a la propia óptica de visión directa.
• Se rechaza que un zoom digital o una simulación por software equivalga a una óptica con variación física del ángulo.
• La exclusión se confirma por apoyo en el informe técnico especializado y por ausencia de error, arbitrariedad o discriminación.
• La desestimación implica el levantamiento de la suspensión del procedimiento, pero no la imposición de multa por falta de mala fe o temeridad.
• En futuras impugnaciones, esta resolución refuerza la prevalencia del contenido técnico del pliego y del criterio especializado cuando no se acredite una vulneración objetiva de las prescripciones exigidas.

Doctrina - Jurisprudencia - Legislación

Resoluciones

• Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolución n. 1627/2026, de 15 de octubre de 2026, en el Recurso n. 967/2026.
• Secretaría General del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, resolución de 18 de junio de 2026, sobre mantenimiento de la suspensión del expediente.
• Acuerdo del órgano de contratación de 12 de mayo de 2026, por el que se adjudica el contrato a ARTHREX ESPAÑA, S.L. y se excluye a SMITH & NEPHEW, S.A.U.
• Requerimiento de la mesa de contratación de 17 de abril de 2026 para la presentación de muestras.
• Informe técnico de 4 de mayo de 2026 sobre el cumplimiento de las prescripciones técnicas.
• Unión de Mutuas, MCSS n. 267, como órgano de contratación del expediente 119/2025.

Sentencias

• No se citan sentencias externas en la resolución.
• Se menciona la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional únicamente como órgano ante el que cabe interponer recurso contencioso-administrativo.

Legislación

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
• Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.
• Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
• Artículo 44.1 a) de la LCSP.
• Artículo 44.2 b) y c) de la LCSP.
• Artículo 53 de la LCSP.
• Artículo 56 de la LCSP.
• Artículo 57.3 de la LCSP.
• Artículo 58.2 de la LCSP.
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.